El PP-A defenderá una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento andaluz de la próxima semana en la que se pide al Gobierno central que todas las licitaciones de obras y adjudicaciones en Andalucía y su posterior desarrollo contractual que están siendo objeto de «investigación judicial» en el marco del ‘caso Koldo’ por el presunto cobro de «mordidas», sean debidamente «auditadas y fiscalizadas, para ver el alcance de la repercusión económica que han ocasionado esos ilícitos penales».
En especial, según el PP-A, el Gobierno central tiene que concretar «si ha habido sobrecostes y desviaciones presupuestarias a través de las figuras de modificados complementarios o liquidaciones para que se depuren las responsabilidades políticas y personales».
En rueda de prensa, el portavoz adjunto del PP-A en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, ha presentado la citada iniciativa, en la que se plantea el rechazo «a la gestión arbitraria y sin garantías llevada a cabo por el actual Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en todo lo referido a obra pública, su licitación y adjudicación contractual», en Andalucía.
Se refiere a la ampliación del puente del Centenario en Sevilla, el desdoblamiento en la N-IV Dos Hermanas-Los Palacios, en la línea de velocidad alta Almería-Murcia, en la A-32 (Linares-Albacete) tramo Úbeda-Torreperogil, en Córdoba en la N- 322, el Chare de Lepe y la trama que afecta al entorno asesor del delegado del Gobierno de Andalucía, en la que empresas obtuvieron trato de favor en el acceso a concursos de obra pública en la autovía A-63, todas ellas investigadas en la jurisdicción penal, por varias conductas delictivas».
Así, se insta a la Delegación del Gobierno en Andalucía a que dé cumplidas «explicaciones, proporcionando información detallada y transparente sobre las acciones, decisiones o actividades llevadas a cabo por su delegado del Gobierno, en relación a la existencia de trato de favor en las adjudicaciones de obras, en las vías A-63 y A-32, al objeto de acreditar el proceder de esta, en estos graves asuntos, con la debida justificación, para colaborar con la justicia y paliar así la pérdida de confianza pública en la institución gubernamental».
Se reclama que el Gobierno central «informe semestralmente» a la Junta y al Parlamento andaluz sobre el desarrollo de las actuaciones «para el esclarecimiento de las licitaciones investigadas judicialmente correspondientes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las auditorías, la fiscalización de los procedimientos y la recuperación de sobrecostes y demás medidas jurídicas, económicas y políticas que se adopten».
Pablo Venzal ha considerado que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe «dimitir» si tiene un «mínimo de responsabilidad más allá de ser palmera» del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
Ha manifestado, en relación con el presunto cobro de comisiones de obras públicas en el ‘caso Koldo’ o por la eliminación de multas de Hacienda a empresas, que Montero «no sólo debería estar callada, sino que debería haber presentado su dimisión».
Ha agregado que, aparte de que gente de su «entorno muy cercano ya están señalados», ha planteado que si Montero «no tenía mecanismos de impulsar la intervención general para auditar previamente esas licitaciones multimillonarias» o si «para, a posteriori, hacer control financiero y muestreo de esas actuaciones».
A su juicio, Montero (que también es secretaria general del PSOE-A), está sólo en «intentar seguir a flote» y si «tuviera un mínimo de responsabilidad más allá de ser la palmera del señor Sánchez», ya habría presentado su «dimisión».
Pablo Venzal ha insistido en que Montero «está absolutamente deslegitimada», porque «además de no haber vigilado, no haber auditado y no haber hecho presupuesto, ha permitido desde su ministerio, mirando para otro lado, que todo su entorno o parte se lucre».