El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde este jueves a dos Proposiciones no de Ley (PNL) presentadas por el Grupo Popular, centradas en los daños ocasionados por los últimos temporales en infraestructuras y en el litoral andaluz. La propuesta relativa a la reparación de infraestructuras ha salido adelante con el respaldo del Grupo Popular y de Vox en Andalucía, frente al voto en contra de los grupos de izquierda: Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía.
Mediante esta iniciativa, la Cámara autonómica insta a la Administración General del Estado a “ampliar el alcance de las ayudas” aprobadas en el acuerdo del Consejo de Ministros del 10 de febrero, incluyendo “la apertura de líneas de avales y de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial”.
Como línea principal, el texto reclama al Gobierno central que, en la valoración de los daños, “tenga en cuenta todos los datos proporcionados por la Junta de Andalucía y los municipios afectados” y que las ayudas se articulen de forma que “se evite la dilación en el tiempo sufrida por los afectados de catástrofes anteriores”.
En este marco se contemplan apoyos a los proyectos municipales para la reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos, así como la declaración de zona de actuación especial y de emergencia para las obras dirigidas a subsanar desperfectos en infraestructuras de titularidad pública o situadas en el dominio público. La defensa de esta PNL ha corrido a cargo de la diputada del PP Celia Santiago.
El Grupo Popular plantea que se consideren como “obras, servicios o suministros de emergencia los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios y de valoraciones de daños, cualquiera que sea su cuantía” y demanda aumentar “las ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales”.
La PNL del PP-A propone, además, bonificar la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio en el que se haya producido la emergencia, tanto si afecta a una vivienda como a una industria, instalación turística o explotación agraria, ganadera o forestal. Esa bonificación se extendería igualmente al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
El texto pide que los Presupuestos Generales del Estado incluyan una compensación para paliar la merma de ingresos en los tributos municipales y de las diputaciones provinciales derivada de la aplicación de estas medidas fiscales.
Asimismo, la iniciativa contempla reducir a un 0,01 los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias situadas en las zonas siniestradas y habilitar un esquema específico de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para las personas y empresas afectadas por los temporales.
El Grupo Popular defiende también “una exoneración del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras duren las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia”, y que, pese a la pérdida de actividad, “dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador”.
En esta misma línea, el PP-A reclama al Estado que autorice que las prestaciones por desempleo ligadas a estas emergencias no computen a efectos de agotar los periodos máximos, de forma que no se “consuman los períodos máximos de percepción establecidos”. También solicita que se habiliten prestaciones para trabajadores que, sin reunir los periodos de cotización exigidos, se vean abocados a la suspensión de sus contratos o a una reducción temporal de jornada por circunstancias excepcionales.
Entre las medidas aprobadas figura igualmente el establecimiento de una moratoria de un año, sin intereses, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y autónomos encuadrados en cualquier régimen que hayan sufrido daños por la catástrofe, así como la devolución de las cantidades abonadas en concepto de cuotas, incluidos intereses de demora, recargos y costas, a los cotizantes que ya las hayan satisfecho.
La PNL del PP-A reclama además que el Gobierno ejecute “a la mayor brevedad” las partidas del Fondo de Contingencia y que apruebe una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para cubrir los daños susceptibles de financiación a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La iniciativa insta igualmente al Ejecutivo central a solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y a flexibilizar el uso del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y del Fondo de Cohesión, con el objetivo de destinarlos “a la atención de las familias afectadas y a la recuperación del tejido productivo”.
El Grupo Popular pide también a la Administración del Estado que “promueva las medidas” necesarias para que las aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) “aceleren y faciliten la peritación y gestión de las reclamaciones de sus clientes en las zonas afectadas”, así como el pago de las indemnizaciones. Para ello, exige reforzar el número de peritos encargados de la valoración de los siniestros y de agentes dedicados a la tramitación de las solicitudes.
Otra de las reclamaciones al Gobierno central es que concluya “a la mayor brevedad” la reparación de las infraestructuras viarias dañadas, citando “con especial énfasis” las carreteras A-48, A-44, A-381, A-7 y N-340, los servicios de Cercanías y Media Distancia afectados y las líneas de alta velocidad Córdoba-Málaga y Madrid-Sevilla, estas últimas tras el accidente de Adamuz (Córdoba).
El Grupo Popular propone igualmente que “el Gobierno revise y actualice urgentemente los planes de emergencia de las presas de titularidad estatal en Andalucía”, y que planifique “el diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras hídricas declaradas de interés general del Estado pendientes en Andalucía”.
Regeneración del litoral andaluz tras el temporal: aportes de arena en Huelva
Junto a esta PNL sobre infraestructuras, el Pleno de la Cámara autonómica ha debatido y aprobado otra iniciativa del Grupo Popular centrada en la regeneración del litoral andaluz castigado por la sucesión de temporales. La defensa de esta propuesta ha correspondido al parlamentario Manuel Andrés González.
El objetivo es que el Parlamento inste al Gobierno central a declarar los tramos del litoral andaluz más dañados “en situación de grave regresión”, figura prevista en la Ley y el Reglamento General de Costas, para poder “ejecutar por vía de emergencia las obras de estabilización, protección y restauración del dominio público marítimo terrestre”.
La PNL reclama igualmente un plan específico de ayudas para los municipios costeros con playas gravemente afectadas y que, para su diseño, “tenga en cuenta todos los datos proporcionados por la Junta de Andalucía y los municipios afectados”. Estos dos puntos han recibido el respaldo de todos los grupos, salvo Por Andalucía, que ha votado en contra.
Asimismo, el PP-A quiere que la Cámara pida al Gobierno “acelerar urgentemente los aportes de arena” en las playas de Huelva dañadas por el tren de borrascas, citando expresamente los casos de Matalascañas, Mazagón, El Portil e Isla Cristina, con el fin de que “todas estén en óptimas condiciones antes del comienzo de la temporada estival”.
La iniciativa popular persigue también que el Ejecutivo central elabore “un calendario de hitos” que permita poner fin “a la pérdida continua de litoral en las playas andaluzas”.
Estos dos últimos apartados de la PNL han contado con el apoyo de los grupos Popular, Socialista y Vox en Andalucía, mientras que Por Andalucía ha votado en contra y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía ha optado por la abstención.