El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, 12 de marzo, con los votos de PP-A y Vox, una proposición no de ley (PNL) registrada por el Grupo Socialista que instaba al Gobierno de la Junta a que “derogue” la Ley 5/2025, de Vivienda de Andalucía y a que presente “con carácter urgente un nuevo proyecto de ley” en esta materia que “garantice la calificación permanente de la vivienda protegida como patrimonio social duradero al servicio del interés general”.
La propuesta del PSOE-A, centrada en la “garantía efectiva del derecho a la vivienda en Andalucía”, recibió el respaldo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en la mayoría de sus apartados, mientras que Por Andalucía optó por la abstención. El texto incluía, además, la petición de que desde la Cámara autonómica se instara a la Junta a “reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible”.
Mediante esta PNL, el Grupo Socialista defendía que el Ejecutivo andaluz situara en su normativa “como prioridad absoluta el acceso a la vivienda pública y asequible de la juventud, las familias en situación de vulnerabilidad, los hogares monoparentales y demás colectivos con especiales dificultades, reforzando de manera decidida la promoción pública directa y la ampliación estructural del parque público de alquiler en Andalucía”.
El texto socialista incluía igualmente que el Parlamento reclamase al Consejo de Gobierno “multiplicar de forma sostenida la inversión pública en vivienda hasta alcanzar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto andaluz durante la próxima década, impulsando un Plan Andaluz de Vivienda Pública que permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas públicas y consolide un parque estructural de alquiler asequible suficiente y permanente”.
Asimismo, el PSOE-A pedía que la Junta reforzara “de manera decidida el papel de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía como instrumento estratégico de promoción directa, gestión pública y movilización de suelo al servicio del interés general, priorizando la construcción y el alquiler asequible frente a la enajenación de patrimonio público”.
Otra de las medidas planteadas era la puesta en marcha de un “Plan Entrada Cero que facilite el acceso de la juventud a su primera vivienda protegida mediante la utilización de suelo público que garantice una reducción mínima del 15% en el precio final, complementada con una aportación autonómica adicional hasta alcanzar el 20% del valor de adquisición, evitando el desembolso inicial y asegurando la protección permanente de la vivienda”.
El documento socialista también reclamaba la creación de “un Fondo Público de Emancipación Juvenil que permita financiar hasta el 20% del valor de la primera vivienda habitual en el mercado libre mediante préstamo público sin intereses y con amplios plazos de amortización” dirigido a jóvenes.
La iniciativa incluía, además, la petición de instar a la Junta a “reformar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para reducir de forma significativa la carga fiscal en la adquisición de vivienda habitual por parte de jóvenes”, así como “a revisar los módulos de precios máximos de la vivienda protegida eliminando la categoría más elevada y fijando parámetros que garanticen una diferencia real respecto a la vivienda libre y aseguren que el esfuerzo económico no supere el 30% de los ingresos familiares”.
Entre las demandas dirigidas al Ejecutivo autonómico figuraba también la de “declarar zonas de mercado residencial tensionado cuando el coste del alquiler o de la hipoteca supere el 30% de los ingresos medios de los hogares”, y la de “impulsar un nuevo equilibrio entre turismo y derecho a la vivienda que permita a los ayuntamientos limitar, suspender o condicionar nuevas autorizaciones de viviendas de uso turístico en zonas saturadas, establecer cupos y reforzar los mecanismos de inspección y control”.
Defensa de la propuesta del PSOE-A
La diputada del Grupo Socialista Verónica Pérez fue la encargada de presentar la PNL, cuya exposición de motivos recordaba que el artículo 29 del Estatuto de Autonomía “atribuye a la Comunidad Autónoma (andaluza) la responsabilidad de desarrollar políticas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad real y efectiva”, pese a que “el acceso efectivo a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas estructurales que afectan a la ciudadanía andaluza, constituyendo un factor determinante de desigualdad social territorial y generacional”.
Frente a esta “dura realidad”, desde las filas socialistas se reprochaba la “falta de respuesta” del Ejecutivo andaluz, que, “en lugar de reforzar la construcción directa de parque público permanente, ha optado por una estrategia de confrontación política con el Gobierno de España en relación con la aplicación de la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, rechazando instrumentos como la declaración de zonas tensionadas, y trasladando el debate al plano competencial en lugar de priorizar soluciones efectivas para la ciudadanía”.
Críticas del PP-A y Vox a la iniciativa
En el turno de fijación de posiciones, la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado reprochó que, con esta PNL, el Grupo Socialista pretendiera trasladar la idea de que el “problema” de la vivienda se concentra en Andalucía y es consecuencia exclusiva de las políticas del Gobierno de Juanma Moreno. “Ni usted misma se lo cree”, le dijo a Verónica Pérez, a la que acusó de intentar “usar burdamente la inteligencia de los andaluces”.
Jurado defendió que “el PSOE y el Gobierno de España tienen más responsabilidad en el problema de la vivienda” que el Ejecutivo andaluz, que, según sostuvo, apuesta por “la vía de la política útil, la del resultado y la ayuda al acceso a la vivienda”, mientras que los socialistas recurren a la “confrontación” y a una política “poco útil”, reclamando con esta PNL “lo que ya está en funcionamiento en Andalucía”.
El diputado de Vox Ricardo López, por su parte, afirmó que existe una “verdad que conocen millones de españoles”, y es que “la vivienda se ha convertido en un lujo en España”, algo que achacó tanto al PP como al PSOE, a los que responsabilizó de aplicar políticas de vivienda “de forma irresponsable” y con una “absoluta falta de planificación”. En esa línea, señaló que “España ha recibido en pocos años millones de nuevos residentes extranjeros mientras la construcción se desplomaba”, y que “ningún gobierno ha tenido el valor de afrontar esta realidad”.
Finalmente, el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez sostuvo que “el PP ha puesto muy complicado llegar a cualquier tipo de acuerdo en materia de vivienda”, al mantener una posición “antagónica” a la de su grupo, con una “lectura del mercado de la vivienda completamente distinta”, basada, según dijo, en la “cultura del pelotazo propia del siglo XX”, de “favorecer la especulación”, y acusó a los ‘populares’ de haber “conspirado contra las clases populares” andaluzas, alineándose “del lado de los fondos buitre y de inversión”.