Los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto-Adelante Andalucía han presentado una proposición de ley sobre el tercer sector de acción social andaluz para su proceso legislativo en el Parlamento andaluz, con el respaldo del Consejo de Gobierno del PP-A.
Según documentos revisados por Europa Press tras su anuncio en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, y luego enviada al Consejo de Gobierno para expresar su opinión sobre la consideración de la misma, esta busca, «entre otros extremos, dar cobertura a determinadas necesidades, como la de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector social en el diseño de las políticas sociales para responder a los desafíos de una sociedad global».
La proposición se compone de 13 artículos, divididos en tres capítulos y adiciona tres disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El texto legal pretende «configurar y definir el tercer sector social de Andalucía a través de las organizaciones y redes que lo conforman, y adoptar y promover medidas orientadas a fortalecer dichas organizaciones y redes a fin de impulsar la cooperación y colaboración de las organizaciones entre sí, con el sector público y el tejido empresarial, para promover su participación y contribución en el ámbito de la intervención social en general y, específicamente, en las políticas y sistemas de responsabilidad pública relacionados con dicho ámbito».
Según la ley, se considera «parte del tercer sector social de Andalucía» a «las organizaciones de iniciativa social, con sede y actividad en Andalucía, cuya finalidad principal es promover, a través de actividades de intervención social, la inclusión social, la cooperación al desarrollo y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desigualdad, desprotección, discapacidad o dependencia, o cualquier otra actividad contenida en el artículo 37 del Estatuto de Autonomía de Andalucía».
Asimismo, la proposición detalla las características que una entidad debe tener para ser parte del «tercer sector social», incluyendo que esté formada, «total o parcialmente, por personas voluntarias o asociadas», que no busquen «la obtención de beneficios económicos», y que cualquier beneficio que «eventualmente obtenga» sea reinvertido «en la actividad que le sirve de objeto», sin distribuirlo «entre sus socios».
La iniciativa legislativa también establece los «principios de actuación» que las organizaciones del tercer sector social en Andalucía deben seguir, incluyendo «solidaridad y justicia» y «responsabilidad pública y corresponsabilidad en la inclusión social», y reconoce el «derecho a participar en las políticas públicas que les conciernen en todas sus fases, incluida la fase de ejecución, (…) sin menoscabar las facultades de decisión que correspondan a los órganos de gobierno de cada institución».
En su articulado, la ley también propone que «el Gobierno andaluz, a través de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía u organismo que la sustituya, mantendrá un diálogo permanente, operativo y bidireccional con las redes del tercer sector social de Andalucía respecto a la acción de gobierno, así como respecto a la acción de las organizaciones y redes, en el ámbito de la intervención social, que se traduzca en iniciativas concretas a impulsar por cualquiera de las partes o en colaboración, realizando un seguimiento y evaluación de las mismas».
La comisión se reunirá, según la propuesta, «en sesión ordinaria, tres veces al año, con periodicidad cuatrimestral, y, en sesión extraordinaria, cuando así lo decida la presidencia, a iniciativa propia o a instancia de, al menos, la mitad de las vocalías».
MEDIDAS DE PROMOCIÓN Y OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Con esta ley, se insta a las «administraciones públicas de la región, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normativa básica que sea de aplicación», a adoptar una serie de «medidas de promoción del tercer sector social», como la de «introducir en los planes de estudio de las diferentes etapas educativas, aquellos contenidos y referencias al tercer sector social precisos para su justa valoración como vía de participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se integra la sociedad civil», y «reconocer» a estas organizaciones «la condición de entidades colaboradoras de la Administración autonómica con arreglo a lo que se establezca reglamentariamente».
La ley también prevé la creación del ‘Observatorio Andaluz del Tercer Sector Social’, «dependiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales», concebido como «un instrumento técnico de la Junta de Andalucía encargado de la recopilación, sistematización, actualización y generación de información y conocimiento, así como de su difusión, en las esferas relacionadas con el tercer sector social y con las organizaciones y redes integradas en él».
Además, el Gobierno andaluz se compromete a elaborar y aprobar, «en el plazo de un año contado desde la fecha de entrada en vigor» de la norma, la «estrategia de promoción del tercer sector social de Andalucía» que se prevé en la propia iniciativa pactada por el PP-A, el PSOE-A y Adelante Andalucía.
POSICIONAMIENTO FAVORABLE DEL GOBIERNO ANDALUZ
El Consejo de Gobierno andaluz, en su reunión del pasado 4 de agosto, adoptó un acuerdo en el que expresa su «criterio favorable» respecto a la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley.
Este acuerdo, revisado por Europa Press, fue firmado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, y refleja el «compromiso de impulsar» esta proposición de ley «en el contexto del diálogo permanente que se viene manteniendo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía».
Desde el Gobierno del PP-A se argumenta que esta ley «situará a Andalucía entre las comunidades autónomas que han regulado mediante norma de máximo rango legal la actividad del tercer sector de acción social, reconociendo así el papel esencial que este sector desempeña en la vida política, económica, cultural y social» de la región.
Finalmente, el Gobierno andaluz destaca que la proposición de ley «refleja principios generales de representación y actuación a futuro y que, por tanto, difiere del desarrollo reglamentario y el alcance de sus actuaciones y sus posibles consecuentes costes».