QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El PP-A llevará este jueves a la comisión del Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que insta al Gobierno central a reconocer las actuaciones y políticas educativas impulsadas por la Junta de Andalucía “sin la financiación correspondiente por parte del estado, a fin de garantizar a los andaluces el trato equitativo que establece la ley”. La iniciativa subraya que estas medidas autonómicas se han puesto en marcha sin el respaldo económico adecuado por parte del Ejecutivo nacional.
En el texto se requiere al Gobierno que “habilite los mecanismos necesarios para asignar partidas económicas suficientes, asegurando la igualdad de trato entre todos los ciudadanos y el cumplimiento del principio constitucional de equidad, y que permitan sufragar el coste de la prestación de servicios educativos”. El grupo popular sostiene que la financiación estatal debe cubrir de forma efectiva los servicios que ya se están prestando en Andalucía.
En el ámbito de las becas, la propuesta plantea que en los convenios anuales de colaboración entre el ministerio competente y la comunidad autónoma se incluya una cláusula específica que garantice la compensación económica por los gastos derivados de la gestión de las ayudas dirigidas al alumnado no universitario. Esa compensación, según el PP-A, debería ser proporcional al número de solicitudes tramitadas y a las tareas que asume la administración autonómica.
El documento reclama igualmente que el Ejecutivo central abone los importes ya asumidos por la Junta en condiciones de equidad respecto a otras comunidades autónomas, citando como referencia a Cataluña, de forma que no exista un trato desigual en el reparto de recursos vinculados a la educación.
En relación con el primer ciclo de Educación Infantil, la proposición exige una transferencia de 112 millones de euros procedentes de los fondos europeos asignados a este nivel educativo. El objetivo es destinarlos a garantizar la gratuidad de las plazas actualmente operativas y evitar que esas cantidades tengan que ser devueltas a la Comisión Europea por falta de ejecución.
En el capítulo de Formación Profesional, el PP-A plantea que el Gobierno central reserve una partida anual de 22 millones de euros para atender las necesidades del modelo dual, asuma las cotizaciones del alumnado en prácticas, que superan los 3 millones de euros cada año, y dote con 32 millones adicionales la integración del profesorado técnico en el cuerpo correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.
La iniciativa popular incluye también la petición de un plan nacional de renovación de infraestructuras educativas, con financiación suficiente y criterios de reparto equitativos entre las distintas comunidades autónomas. Dicho plan debería priorizar las zonas rurales, los barrios más vulnerables y aquellos entornos donde exista una elevada demanda de plazas escolares, con el fin de reducir desigualdades territoriales.
Otra de las reclamaciones se centra en “el cumplimiento por parte del Gobierno de la nación del compromiso adquirido del plan de climatización para colegios anunciado en 2021, dotándolo de la consignación presupuestaria necesaria para cooperar con las comunidades autónomas”. El PP-A recuerda que este compromiso sigue pendiente de una financiación concreta que permita su despliegue efectivo.
Por último, el texto insta a convocar de “forma presencial la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de coordinación, cooperación y participación real de las comunidades autónomas, en sustitución del sistema actual de comunicación, mediante correos electrónicos”. Los populares andaluces consideran que este foro debe recuperar su carácter presencial para facilitar acuerdos sobre financiación y políticas educativas comunes.
