El Pleno del Parlamento de Andalucía ha ratificado este miércoles el Decreto-ley 1/2026, aprobado por el Consejo de Gobierno en su reunión del 25 de febrero, que incorpora un paquete de medidas fiscales destinado a compensar a los afectados por los daños ocasionados por la sucesión de borrascas registrada entre el 23 de enero y el 16 de febrero. Las ayudas se dirigen al sector agrario y ganadero, así como a infraestructuras hidráulicas y al dominio público hidráulico.
El decreto ha salido adelante con el respaldo de PP y Vox en Andalucía, mientras que los grupos de la izquierda —Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía— han optado por abstenerse en la votación.
Según los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, las medidas podrían llegar a unas 1.500 personas, principalmente mediante deducciones en el IRPF. La vigencia de estas bonificaciones se extiende a todo el año 2026 y se aplicarán en el conjunto del territorio andaluz, en línea con el acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de febrero de 2026 que declaró la situación excepcional derivada del tren de borrascas.
Carolina España ha defendido en la presentación de este decreto ley que “la prioridad es que las familias puedan volver a tener una vivienda digna sin que la factura fiscal autonómica se convierta en un obstáculo”, para añadir que “frente a la tentación de subir la presión fiscal incluso en tiempos de crisis, nosotros defendemos una Andalucía que ayuda, que acompaña y que reacciona rápido dentro de sus competencias. Aquí no hay excusas, hay decisiones”.
Entre las medidas tributarias incluidas en el decreto figuran deducciones específicas en el IRPF y la fijación de un tipo del 0% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD) para determinados supuestos.
En el IRPF se incorpora una nueva deducción temporal del 100% de los gastos de reparación de la vivienda dañada, siempre que no se supere la cuota autonómica del impuesto. De este modo, cuando la cuota autonómica sea igual o inferior al gasto deducible, el contribuyente quedará exento de abonar IRPF autonómico en 2026.
Esta deducción se limita a la vivienda habitual o a la vivienda alquilada a un tercero que la utilice como residencia principal, y excluye la compra de bienes muebles. Se podrán deducir las cantidades abonadas en la reparación de los inmuebles que no estén cubiertas por otras ayudas públicas o por pólizas de seguros.
Asimismo, se amplía la deducción por adquisición de vivienda a quienes hayan perdido su casa por las trombas de agua, con independencia de la edad del comprador o de si el inmueble es protegido o no. En estos casos, el adquirente de una nueva vivienda podrá deducirse en el ejercicio 2026 el 6% de la inversión destinada a la compra, incluidos los gastos asociados a la operación.
También se extiende la deducción del 15%, con un máximo de 1.200 euros, por alquiler de vivienda —hasta ahora prevista para jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género y terrorismo— a todas las personas que hayan perdido su hogar por las riadas y se vean forzadas a arrendar otra vivienda.
Ninguna de estas deducciones extraordinarias y temporales incluidas en el decreto queda condicionada al nivel de renta de los contribuyentes.
Otro bloque de medidas afecta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y al de Actos Jurídicos Documentados (AJD), donde se reducen los tipos hasta el 0% en varios casos. En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), el tipo 0% se reserva a la compra de una vivienda habitual que sustituya a la dañada, con un valor máximo de 250.000 euros. Para otros inmuebles —como locales, naves, explotaciones o segundas residencias— se fija un tipo superreducido del 3,5%, con un límite de 150.000 euros en el precio de adquisición.
Ese tipo del 0% se aplicará igualmente a la compra de vehículos que reemplacen a otros dados de baja por los daños del tren de borrascas. En la modalidad de AJD se establecen tipos del 0% para los documentos relativos a inmuebles destinados a vivienda habitual y del 0,3% para aquellos vinculados a otros usos, como segunda residencia o actividad económica.
Críticas de la oposición al alcance real del decreto
El parlamentario socialista Mario Jiménez ha denominado las medidas de la Junta “mamarracho de decreto” por cuanto ha sostenido que “no sirve para nada, es una estafa, este adefesio es una tomadura de pelo”, mientras ha considerado que “los afectados que reciban algo podrán beneficiarse en junio de 2027” para preguntarse en el caso de los beneficiarios de las ayudas para adquirir una vivienda “¿mientras donde viven? ¿se van debajo de un puente?”.
Ha asegurado con los informes asociados al Decreto ley que se destinan 30.000 euros a la deducción fiscal para compra un inmueble que haya sido dañado, por lo que le ha preguntado a la consejera Carolina España si “no le da la vergüenza”, antes de ironizar con que el artículo del decreto-ley regulador de esa deducción tiene “más letra que euros”. A esto ha sumado, para calificar de “insultante”, que la exención por ganadero de la tarifa del certificado veterinario sea de 10 euros.
“¿Y para la pesca?”, se ha preguntado Jiménez, “cero”.
El portavoz adjunto del Grupo Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha sostenido que “las políticas de ayudas de Moreno Bonilla siguen la misma estrategia que Sánchez” para proclamar que el Gobierno andaluz “juega en la élite del autobombo” por cuanto ha esgrimido que los beneficiarios de las ayudas fiscales “las verán en 2027”.
Se ha preguntado “por qué han dejado fuera de la bonificación a los regantes de las Cuencas Mediterráneas y del Tinto-Odiel-Piedras cuando el decreto ley dice que en todas las cuencas han estado en situación de extremo riesgo y sólo aparecen ayudas para la Cuenca Guadalete-Barbate”.
“Las ayudas fiscales que sean ayudas directas y que lo sean ya”, ha reclamado Alonso.
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha considerado que el decreto entraña “dos tipos de movimientos de ingresos”, que ha concretado en “un menor ingreso” para propiciar “un alivio fiscal” de 5,7 millones de euros y de otros 135 millones de euros con cargo al canon de mejora para infraestructuras hidráulicas.
Ha recordado que el nivel de inejecución del canon del agua es de 584 millones para considerar que el ejercicio de la Junta “es mover la bolita de sitio para que esté a disposición de otras obras” y ha indicado que el Gobierno andaluz con las cuentas de 2025 tiene 3.111 millones de euros sin invertir para argumentar que “la red de carreteras ya estaba en situación penosa en una situación de sequía extrema”.
Ha sostenido que la convalidación del decreto ley exige “un acto de fe que no cabe en política por pedir el respaldo a medidas que no explican” y criticado que “no hay ni la cuarta parte de la mitad del dinero sobre el que han empeñado su palabra” y ha proclamado que “no será Por Andalucía quien tape las vergüenzas de un gobierno que va a engañar a los andaluces otra vez”.
El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que el decreto ley “es la primera medida real en BOJA” frente al anuncio de 1.780 millones en ayudas directas para recordar que “en el BOJA es donde los gobiernos tienen que poner las cosas”.
“Medidas concretas muy poquitas; postureo y propaganda todo el del mundo”, ha proclamado García, quien ha apuntado como “reflexión para los medios de comunicación” que frente a los 1.780 millones anunciados por la Junta hasta el momento se cuentan “tres modificaciones de crédito que ascienden a 240 millones”.
“No me entero de nada porque no está en el BOJA”, ha insistido el portavoz de Adelante, quien ha advertido de que “el paquete de medidas fiscales es un parche menor” y se ha cuestionado la falta de deducciones fiscales para “comprar los muebles de la casa”, que ha señalado como el mayor problema en vez de la compra de un nuevo inmueble.