El proyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía ha superado este jueves el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento autonómico, después de que, con los votos de PP-A y Vox en Andalucía, se rechazaran las enmiendas a la totalidad registradas por los grupos de PSOE-A y Por Andalucía. De este modo, la iniciativa continuará ahora su tramitación en comisión parlamentaria hasta su aprobación definitiva.
El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha sido el encargado de presentar ante el Pleno el contenido del proyecto normativo, en una sesión de carácter extraordinario al celebrarse en enero, mes considerado inhábil para la actividad ordinaria de la Cámara.
Bernal ha defendido que la propuesta configura un nuevo marco jurídico que actualiza, ordena y refuerza la política turística andaluza tras cuatro décadas sin una regulación integral en este ámbito.
En su intervención, ha remarcado que la futura ley abre "un debate sobre qué modelo turístico queremos para nuestra tierra en los próximos años, y sobre si apostamos por un turismo ordenado, responsable y capaz de generar oportunidades desde la planificación y la convivencia" y ha considerado que "el turismo no son solo cifras, son personas, territorio y convivencia".
Ha detallado que "este proyecto de Ley prevé instrumentos como los Planes Turísticos de Zonas Rurales, destinados a la promoción y desarrollo del turismo en ámbitos municipales o supramunicipal, en áreas rurales", concebidos para impulsar el desarrollo turístico de estos territorios.
El consejero ha subrayado que la norma persigue un equilibrio territorial. "No solo miramos a las grandes ciudades o a los destinos consolidados, sino que miramos también a los pueblos, a las comarcas de interior, a las áreas rurales, que cuentan con patrimonio, cultura, paisaje y proyectos que necesitan un marco estable y una planificación para consolidarse", ha afirmado.
El texto plantea un modelo que sitúa a las personas en el centro de la acción pública, promueve la inteligencia de datos como herramienta estructural y consolida la sostenibilidad integral en sus vertientes social, ambiental, económica y de gobernanza.
La ley incorpora mecanismos destinados a garantizar la convivencia, la hospitalidad, la calidad de vida y una relación adecuada entre residentes y turistas. Al mismo tiempo, refuerza la cogobernanza y concreta los derechos y obligaciones de todos los agentes que integran el ecosistema turístico.
El proyecto introduce la inteligencia turística como eje de la toma de decisiones. El empleo de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación está orientado a elevar la competitividad del destino y optimizar la planificación de los recursos turísticos. La norma da cobertura legal al trabajo desarrollado en innovación e inteligencia de datos, entre ellos el sistema Andalucía Nexus.
Otro de los pilares del texto es la sostenibilidad. La futura ley pretende asegurar un desarrollo equilibrado del turismo, proteger el entorno y reducir las brechas territoriales. Igualmente, contempla una regulación específica para combatir la actividad clandestina, con un endurecimiento significativo del régimen sancionador y un refuerzo de las tareas de inspección.
La introducción de nuevas tecnologías y de procedimientos más ágiles busca garantizar un control más exhaustivo de la actividad turística ilegal.
El nuevo marco normativo también persigue simplificar y ordenar el desarrollo reglamentario existente. La ley diseña una arquitectura más eficiente que reduce de 17 a seis los decretos necesarios, lo que, según la Junta, agiliza la operativa del sector y mejora la seguridad jurídica.
Asimismo, incorpora un sistema estable de planificación turística que fija instrumentos homogéneos para todas las administraciones implicadas. Este esquema define estrategias coordinadas, criterios comunes y estructuras de seguimiento con el objetivo de asegurar una gestión coherente del destino en el conjunto del territorio andaluz.
Además, consolida la colaboración público-privada mediante órganos formales de participación que integran al tejido empresarial, profesional y social, con la finalidad de garantizar una visión compartida sobre el futuro turístico de Andalucía.
El texto también aborda la regulación de la calidad de los servicios turísticos con estándares más exigentes y mecanismos actualizados de clasificación y control. La norma contempla nuevas herramientas para promover la profesionalización del sector, el impulso de productos de alto valor añadido y la mejora constante de la experiencia del visitante.
De igual forma, introduce parámetros específicos para el diseño de destinos inteligentes, la accesibilidad universal y la digitalización de la oferta, con la meta de reforzar la competitividad internacional del destino Andalucía.
Argumentos de PSOE-A y Por Andalucía en sus enmiendas a la totalidad
En cuanto a las enmiendas a la totalidad rechazadas, la del PSOE-A, defendida por la diputada Isabel Aguilera, sostenía, entre otros aspectos, que el contexto actual, marcado por una "profunda transformación del sector turístico", exige "una ley capaz de pasar de los principios a los instrumentos", y que el proyecto del Gobierno del PP-A "carece del andamiaje que convierte la ambición en resultados", de una "financiación estable y suficiente para los municipios", de "capacidad real de inspección, reglas claras y eficaces para las viviendas de uso turístico, protección operativa de consumidores, datos e indicadores verificables, apoyo real a pymes e innovación, política concreta para la Andalucía interior, y un plan de adaptación climática para afrontar olas de calor y sequía".
Respecto a la iniciativa de rechazo de Por Andalucía, el diputado José Manuel Gómez Jurado ha argumentado que el proyecto de ley "se limita a formular principios, objetivos y estrategias, sin dotarlos de efectividad jurídica real, ni establecer límites normativos al desarrollo de la actividad turística, consolidando un modelo de turismo de masas que subordina el interés general a la lógica económica del sector turístico".