Propuesta para la actualización del reglamento de la Oficina Andaluza Antifraude busca optimizar su desempeño

La Oficina Andaluza Antifraude propone modificar su reglamento para agilizar procedimientos y reforzar su plantilla.

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha presentado ante el Parlamento andaluz un documento para actualizar su Reglamento de Régimen Interior y Funcionamiento, aprobado en 2022, con el objetivo de incrementar la «mayor agilidad» y «eficiencia» de sus procedimientos, eliminando acciones que son innecesarias o redundantes.

Según la memoria justificativa, esta revisión del reglamento es esencial para introducir «mejoras técnicas deseables» en la operativa de la Oficina, tal como lo explica Francisco de Paula Sánchez, director de la entidad, quien ha destacado la urgencia de estas modificaciones para una gestión más eficiente y organizada, respetando siempre los marcos legales establecidos.

Tras asumir el cargo en julio, el nuevo director ha evaluado el funcionamiento de la Oficina, notando una sobrecarga laboral significativa y tiempos de tramitación prolongados, lo que ha llevado a la necesidad imperiosa tanto de fortalecer el equipo como de modificar el Reglamento para facilitar los procesos.

La Oficina Antifraude ha subrayado que sus objetivos principales, especialmente en la prevención y fomento de la integridad, podrían verse afectados sin estas mejoras reglamentarias. Además, se propone una actualización en la relación de puestos de trabajo para adecuar los recursos humanos y mejorar la respuesta a la acumulación de casos pendientes.

En relación a las retribuciones del director de la OAAF, se plantea una remuneración equivalente a la de otros cargos de instituciones vinculadas al Parlamento, asegurando un salario no inferior al de su posición anterior, en caso de ser funcionario de carrera. También se propone eliminar el Libro de Registro de Investigación e Inspección y detallar más las funciones de ciertas subdirecciones para mejorar el manejo de las denuncias y la seguridad jurídica.

Otro aspecto destacado es la provisión de un puesto de conductor, justificado por la necesidad de reducir la carga burocrática asociada a los desplazamientos frecuentes que requiere la actividad de la Oficina.

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