QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlamento de Andalucía ha desestimado, durante la sesión de control de la Agencia pública empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y sus entidades asociadas, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el grupo Por Andalucía. Esta propuesta sugirió que Canal Sur dejase de incluir a presentadores que tengan deudas con Hacienda, caso de Bertín Osborne.
La proposición fue rechazada con los votos en contra de PP-A y Vox, mientras que fue respaldada por el PSOE-A. La propuesta exhortaba al director general de la RTVA a eliminar «de inmediato la presencia» de Bertín Osborne en la programación de la RTVA.
Asimismo, instaba al director general de la RTVA a «elaborar e implementar los mecanismos necesarios para la pronta eliminación de la participación en su programación de presentadores, periodistas, colaboradores o cualquier otro personal de la RTVA que mantenga alguna deuda con la Agencia Tributaria».
En defensa de la PNL, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez destacó que Bertín Osborne figura en la última «lista de la vergüenza fiscal» publicada anualmente por la Agencia Tributaria, considerándolo «uno de los grandes defraudadores de España» con una deuda de «865.601 euros».
Además, Gómez remarcó que el presentador fue previamente condenado por alzamiento de bienes y fraude fiscal, y aparece mencionado en los ‘papeles de Panamá’, argumentando que «no tiene sentido que alguien que defrauda a la Hacienda pública, y tiene deudas con ella, tenga un contrato con la televisión pública y reciba dinero público», defendiendo que era «el momento de acabar con la relación contractual» entre Canal Sur y el programa ‘El show de Bertín’.
Por su parte, la diputada del PP-A Virginia Pérez argumentó que la contratación de Bertín Osborne por parte de la RTVA es «totalmente regular» y criticó que la PNL no se redactara de manera más general sin enfocarse en una persona específica. Verónica Pérez, parlamentaria del PSOE-A, lamentó la manipulación de la RTVA bajo el gobierno del PP y criticó el rol de Osborne en la programación. Finalmente, Ana María Ruiz de Vox rechazó la iniciativa calificándola de ataque al Estado de derecho y aclarando que la relación contractual no es directamente con Osborne, sino con una productora externa.
