El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde al debate de totalidad del proyecto de Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (Legam), un texto que pretende ‘renovar en profundidad el marco jurídico de la comunidad en materia de protección, prevención y control ambiental’, facilitando además la simplificación de procedimientos administrativos. La propuesta del PSOE-A fue rechazada con los votos de PP-A y Vox, aunque contó con el respaldo de Grupo Mixto-Adelante Andalucía y la abstención de Por Andalucía.
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, destacó durante su intervención que la ley responde a la necesidad de ajustar la normativa andaluza a las transformaciones de las últimas dos décadas en los ámbitos europeo y nacional, y de mejorar la actual Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). García resaltó que esta nueva ley proporcionará a la Junta ‘instrumentos más ágiles y eficaces para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del siglo XXI’ y mencionó que su creación ha sido resultado de un proceso de colaboración con los principales agentes sociales y económicos de la región, enmarcado en el Pacto de Diálogo Social firmado en 2023.
Entre las innovaciones más destacadas de la ley, se encuentra la creación de la Estrategia Marco de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente de Andalucía, que remplaza al anterior Consejo Andaluz del Medio Ambiente. Asimismo, se contempla la implantación de la Licencia Ambiental, que simplifica los procedimientos anteriormente conocidos como Calificación Ambiental (CA), y establece la Autorización Ambiental Unificada Simplificada (AAUS) para 49 categorías de actuaciones.
Respecto a la enmienda a la totalidad del PSOE-A, esta criticaba que el proyecto ‘reduce drásticamente los mecanismos de evaluación, prevención y control ambiental, tratándolos como meros obstáculos burocráticos’. Además, señalaba deficiencias en la memoria económica del proyecto, argumentando que no se proporcionaban detalles adecuados sobre los costes y la asignación de recursos.