PSOE-A, Por Andalucía y Adelante reclamarán a la Junta desde el Parlamento más inversión y retribuciones para sanidad

Los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía reclamarán el próximo jueves, 26 de junio, a través de la proposición no de ley (PNL) que han registrado de forma conjunta para su debate en el Pleno del Parlamento, que la Junta de Andalucía mejore su inversión en sanidad y las retribuciones para los profesionales de dicho sistema.

Así se desprende del contenido de esta iniciativa, consultada por Europa Press, que se debatirá en la segunda jornada de la próxima sesión plenaria, que se celebrará el jueves 26 de junio.

De esta manera, en primer lugar, los grupos de izquierda de oposición al Gobierno del PP-A reclaman en esta iniciativa que el Parlamento inste a la Junta a «incrementar el presupuesto destinado a la sanidad pública hasta alcanzar, como mínimo, la media nacional de inversión por habitante, garantizando su uso dentro del sector público, para que este sea dotado con una financiación suficiente y equitativa».

En segundo lugar, la iniciativa plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a «mejorar las retribuciones del personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, de manera que se igualen progresivamente a la media nacional, dignificando así su labor y reconociendo su compromiso con la salud de la ciudadanía».

La tercera y última de las reivindicaciones recogida en la iniciativa es la de instar a la Junta a «cumplir íntegramente los pactos, acuerdos y compromisos firmados con las organizaciones representativas de los profesionales sanitarios».

La iniciativa parte de la premisa de que «la sanidad pública andaluza atraviesa una situación crítica como consecuencia de una financiación insuficiente y una falta de inversión sostenida en recursos materiales y humanos» y, «según los últimos datos disponibles, Andalucía continúa situándose por debajo de la media nacional en gasto sanitario por habitante, lo que repercute directamente en la calidad de la atención, el estado de las infraestructuras y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios».

DATOS PARA JUSTIFICAR LA INICIATIVA

En concreto, en la exposición de motivos de la PNL se advierte de que Andalucía es «la quinta comunidad autónoma con menor presupuesto por habitante del Estado –1.748 euros en el año 2024–, y se sitúa por debajo del promedio del presupuesto sanitario por habitante destinado por cada comunidad autónoma, con una diferencia de 189 euros menos por habitante» respecto al promedio de 1.937 euros.

Asimismo, se señala un «déficit de profesionales de la Sanidad» que se refleja en «ratios por cada 1.000 habitantes», de forma que mientras que el ratio medio de médicos del Sistema Nacional de Sanidad es de 3,7 por cada mil habitantes, en Andalucía esa cifra es de 3,1, y, en el caso de la enfermería, el ratio andaluz es de 4 profesionales por 1.000 habitantes cuando la media nacional es de 4,7.

De esta manera, «un enfermero andaluz atiende de media a doce pacientes», cuando la recomendación de la Unión Europea es que atienda a entre seis y ocho, se puede leer también en la exposición de motivos de la PNL, donde se indica que, «para igualar la media nacional», Andalucía necesita «5.400 médicos, 5.900 enfermeros y 6.500 profesionales de otras categorías», de forma que «necesita aumentar la plantilla con unos 18.000 profesionales».

Para justificar la presentación de esta iniciativa, además, se advierte en ella de que Andalucía ocupa «los últimos puestos de entre todas las comunidades autónomas en los indicadores de listas de espera», siendo la segunda comunidad con mayor tiempo de espera –176 días, cuando la media nacional es de 126– quirúrgica y la tercera con mayor tasa de pacientes en espera de una primera consulta externa.

Otros argumentos que se recogen en la exposición de motivos para justificar la presentación de esta PNL son que las retribuciones de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud «se encuentran entre las más bajas del país en la mayoría de categorías», que la Junta mantiene un «reiterado incumplimiento de los pactos y acuerdos firmados con las organizaciones sindicales», que «existe una desigualdad territorial en la asistencia urgente y emergente», que la atención a la salud mental está «colapsada», y, finalmente, que los centros de salud «han perdido su esencia».

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