El Grupo Socialista ha reclamado que la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP-A), y el gerente de la sociedad pública que administra el Estadio de La Cartuja de Sevilla, Daniel Oviedo, comparezcan en el Parlamento andaluz a raíz de la “investigación” de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que “implica directamente a los dos máximos responsables” de dicha sociedad “por una gestión” que presuntamente “vincula los fondos públicos de la Junta de Andalucía con la trama del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales”.
Así lo ha expuesto este martes el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla, donde ha aludido a una información adelantada por el diario digital 'El Confidencial' y ratificada por Europa Press, relativa a la decisión de la jueza del 'caso Supercopa' de citar como investigados al expresidente de la empresa del Estadio La Cartuja de Sevilla (ECSSA) y ex secretario general para el Deporte de la Junta, José María Arrabal, y al propio gerente, Daniel Oviedo, por un presunto beneficio ilícito ligado a las obras de reforma del complejo deportivo.
Mario Jiménez ha subrayado que, según esta causa, detrás de los hechos habría “una subvención de casi cinco millones de euros que se detrajeron de los fondos de educación de la comunidad autónoma de Andalucía para acometer unas obras en un estadio de fútbol”, y que, a la vista de la investigación, podría concluirse que “el dinero de las guarderías de los niños andaluces terminó, o pudo terminar, en los bolsillos de la trama de Rubiales”.
Desde el PSOE-A reclaman que “se den explicaciones” desde la Junta para despejar interrogantes como “por qué se le quitó al consejo de administración” de la sociedad del Estadio de La Cartuja, que cuenta con “una amplia representación institucional”, la “capacidad de decisión sobre los gastos” de dicha entidad “para abordar las obras que se planificaron en aquel momento del estadio” sevillano.
Según ha insistido Jiménez, al presidente y al gerente de la sociedad del Estadio de La Cartuja se les confirió “toda la capacidad de disposición económica y de gasto sobre las obras que había que abordar” en esta infraestructura, concentrando en ellos las decisiones sobre el uso de los fondos.
El dirigente socialista ha añadido que “parece ser que existe o existía un convenio, que en ningún momento se pone a disposición de los miembros del consejo de administración, por el cual la sociedad Estadio de la Cartuja estaba obligada a tener en cuenta la opinión y decisión de la Federación Española de Fútbol a la hora de decidir a quién se le contrataban las obras”.
Jiménez ha incidido en que “estamos ante un procedimiento que ahora está investigando un juzgado en la Comunidad de Madrid --la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 4 de Majadahonda-- que “ya implica a dos cargos de la Junta de Andalucía” gobernada por Juanma Moreno (PP-A), y ante la que desde el PSOE-A no van a quedarse “cruzados de brazos”.
En esa línea, ha recordado que quien fuera presidente de la sociedad del Estadio y secretario general de Deportes, José María Arrabal, “ya no forma parte de la estructura de la administración de la Junta de Andalucía, sino que se fue a la empresa privada y tendrá que responder ante los juzgados” por estos hechos, mientras que el gerente, Daniel Oviedo, continúa en el cargo, por lo que el Grupo Socialista pretende que “dé explicaciones en el Parlamento”.
El portavoz ha detallado que su grupo va a “estudiar los mecanismos del Reglamento para solicitar la comparecencia de Daniel Oviedo en el Parlamento de Andalucía, toda vez que la administración de la Junta de Andalucía tiene al menos un 40 por ciento del accionariado de esa sociedad”.
Igualmente, ha avanzado que el Grupo Socialista pedirá la comparecencia de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que además era responsable del departamento de Educación de la Junta “cuando se detraen los cinco millones de euros de los fondos públicos de educación de los niños andaluces para destinarlos a esta cuestión” vinculada al estadio, motivo por el que desde el PSOE-A consideran que debe ofrecer “explicaciones también en el Parlamento”, por lo que impulsarán su presencia “en la comisión correspondiente”.
“Se trata de fondos públicos, de recursos de la educación pública, y sería muy grave que altos cargos de la Junta de Andalucía hayan participado directamente en una trama encabezada” por Luis Rubiales y que “hayan podido presuntamente beneficiarse de su posición al frente de una institución pública para tomar decisiones que no han defendido el erario público”, sino que “puede ser que hayan defendido exclusivamente el patrimonio privado de manera ilegítima de algunos cuantos”.
Convenio con la Federación Española de Fútbol
Además, Mario Jiménez ha señalado que al Grupo Socialista le “gustaría tener” el citado “convenio” que firmó el entonces secretario general de Deportes de la Junta “con la Federación Española de Fútbol”, documento que desde el PSOE-A han reclamado “en reiteradas oraciones” y que volverán a solicitar, según ha confirmado el parlamentario.
Ha puntualizado que el objetivo del PSOE-A es “conocer ese convenio, qué hay detrás, si es verdad que al final fue la propia federación y, por lo tanto, el señor Rubiales quien decidió, más allá de cualquier criterio de contratación objetivo, a quién debería darse esa contratación y esos recursos”.
Contratos del SAS y control del gasto sanitario
En otro orden de cosas, Mario Jiménez ha hecho referencia en su comparecencia a una información publicada este martes por 'eldiario.es' que, a su juicio, “tiene una enorme trascendencia en términos políticos y que da una idea de la gravedad de lo que ha ocurrido con la trama del SAS --Servicio Andaluz de Salud-- en la gestión de los recursos públicos durante y después de la pandemia” de Covid-19, así como de “la gestión negligente y posiblemente malversadora de recursos públicos que se ha producido por el Gobierno del PP-A” en el ámbito de la sanidad andaluza.
Según ha explicado, dicha información apunta a que “el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se enfrentó a la Intervención del Servicio Andaluz de Salud para quitar de en medio los controles y las advertencias que, claramente, ponían en evidencia que se estaba poniendo en peligro y produciendo un quebranto de los fondos públicos” de la comunidad.
Ha indicado que el Consejo de Gobierno optó por sustituir el control previo por el control financiero permanente después de un “reparo” formulado en agosto de 2020 por la Interventora General del SAS a “una propuesta de gasto de casi 30 millones de euros”, decisión que, según el relato del PSOE-A, permitió a la Junta “empezar a gastar sin control previo cientos de millones de euros del Servicio Andaluz de Salud”.
Jiménez ha denunciado que, en este caso, se aprecia la “trama” que supuestamente se habría articulado desde la Junta para “gastar sin control el dinero del SAS, y mandarlo sin publicidad y sin concurrencia, a dedo, a sus amiguetes de las empresas sanitarias”.
El diputado del PSOE-A ha avanzado que su grupo solicitará la comparecencia en el Parlamento de Blanca Pons, que ejercía como interventora general del SAS en agosto de 2020 cuando se emitió dicho reparo “para prevenir de lo que estaba pasando”, con el fin de que, con su testimonio, pueda “poner en evidencia que estamos ante una trama corrupta de un Gobierno corrupto que, de manera intencionada, premeditada, urdida con antelación, decidió apartar los controles para poder disponer libremente, sin control, a dedo, sin publicidad, sin concurrencia, de cientos de millones de euros de los fondos públicos de Andalucía”, según ha concluido Mario Jiménez.