El PSOE en el Parlamento de Andalucía ha presentado una queja formal ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción dirigida a Jorge Paradela, actual consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, bajo la sospecha de que podría haber incurrido en actos «constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o actividad ilegal previstos en el artículo 16.1» de la Ley 2/2021 de 18 junio, referente a la Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía, ligados a su relación previa con Heineken España, donde trabajó antes de unirse al gobierno regional en julio de 2022.
Según el documento, que Europa Press ha tenido acceso y está datado el pasado 24 de julio, firmado por la portavoz María Márquez y otros 29 diputados del Grupo Socialista, se solicita a la Oficina Antifraude «dicte el acuerdo expreso y motivado previsto en el artículo 16.3 de la Ley 2/2021 de junio, de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía para el ejercicio de las potestades de investigación e inspección para el esclarecimiento» de los hechos descritos.
La denuncia indica que, «según certificación del Registro Mercantil de Sevilla de fecha 28 de mayo de 2025, consta que la empresa Heineken España, S.A. otorgó un poder general a favor» de Jorge Paradela «mediante escritura pública en el año 2014, el cual fue formalmente revocado en 2015, si bien no se procedió a su cancelación registral efectiva hasta mayo de 2025».
«Este extremo ha sido reconocido expresamente por la propia empresa en su nota pública de 27 de marzo de 2025, en la que admite que la revocación no fue inscrita por un ‘error administrativo’, y que solo fue corregido tras las consultas realizadas en el presente año», subraya el PSOE-A en su denuncia.
Además, se menciona que el consejero «ha declarado retribuciones por rendimientos del trabajo durante los ejercicios 2022 y 2023 superiores a las correspondientes a su cargo público, sin que conste en el Registro de Altos Cargos ni en el Portal de Transparencia la identificación de la empresa pagadora, el concepto de las cantidades abonadas, ni la duración o naturaleza de la relación económica mantenida».
El Grupo Socialista también ha registrado varias iniciativas en el Parlamento solicitando información y documentación sobre este tema, destacando que, aunque la «relación contractual» del consejero «sea inicialmente de carácter privado, su impacto en la transparencia, rendición de cuentas y posible concurrencia de causas de incompatibilidad convierte dicha información en relevante para el interés público y objeto legítimo de control parlamentario y ciudadano».