QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, ha cuestionado este jueves el sistema de gestión de las denominadas tarjetas monedero destinadas a familias con menores y que viven por debajo del umbral de pobreza severa, mientras que el PSOE ha resaltado que han transcurrido siete meses desde la última distribución realizada por la Cruz Roja.
“Si un retraso es malo o grave en cualquier ámbito de gestión, comprenderá que en esto, los retrasos son más grave aún”, ha indicado el grupo parlamentario socialista en la comisión de Inclusión, donde se ha preguntado a la consejera por la situación actual de esta ayuda. “Han pasado siete meses que para 19.600 familias ha supuesto no contar con un recurso fundamental para su supervivencia”, han añadido desde el grupo parlamentario.
En este contexto, la consejera ha recordado que fue el Gobierno y su modelo de gestión de las tarjetas monedero el que “excluyó” a 280.000 andaluces. Además, ha mencionado la licitación anunciada por la Junta en mayo de este año por 46 millones de euros de un contrato mixto para la provisión de alimentos y asistencia material básica. Esta medida se incluye en el Programa de Asistencia Material Básica, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Junta de Andalucía.
Fue el propio Gobierno, ha criticado Loles López, quien reconoció la “imposibilidad” de llevar a cabo este programa y, por ello, solicitó a la Comisión Europea que en 2024 se ejecutara mediante una subvención directa a Cruz Roja Española, trasladando finalmente a las comunidades autónomas la responsabilidad de gestionar los procedimientos de contratación a partir de 2025.
El trabajo a desarrollar por las empresas que se presenten a la licitación autonómica consistirá en el suministro de alimentos y asistencia material básica a unidades familiares con menores a su cargo mediante un sistema de tarjetas o vales físicos o electrónicos en sus establecimientos comerciales. En concreto, las personas beneficiarias de las tarjetas o vales electrónicos solo podrán utilizarlos para adquirir alimentos, artículos de higiene y pañales infantiles.
En todo caso, quedan excluidos de este programa otros productos como las bebidas y refrescos que contengan gas, azúcar o sustitutivos; bebidas alcohólicas; productos dietéticos; bollería y chucherías; productos elaborados, salvo legumbre precocida y conservas; y agua embotellada, excepto en situaciones en las que no se pueda acceder al agua potable.
Por otra parte, las tarjetas deberán ser de uso personal e intransferible y permitirán la adquisición gratuita de los productos incluidos en el programa. Actuarán como tarjeta monedero y no estarán vinculadas a la cuenta corriente del usuario, que podrá hacer uso de la misma durante doce meses prorrogables si se mantienen las condiciones para permanecer en el programa. Los importes de carga de estas tarjetas oscilarán entre los 130 y los 220 euros al mes. El saldo no consumido a mes vencido se acumulará para uso en meses posteriores hasta su vencimiento.
El plazo de ejecución del contrato será de 24 meses y podrá ser objeto de una prórroga de otros 24 meses, ampliando así el presupuesto hasta los 92 millones de euros previstos en el programa, cuya duración se extiende hasta 2029. Con esta licitación, la Junta busca asegurar una amplia cobertura geográfica del programa.
