El PSOE-A critica la nueva ley de espacios productivos por no alcanzar sus metas y debilitar la industria

El PSOE-A rechaza la ley de espacios productivos de Andalucía por considerarla insuficiente y perjudicial para la industria.

El PSOE-A ha presentado una enmienda de totalidad al proyecto de Ley de espacios productivos para el fomento de la industria en Andalucía, aprobada por el Consejo de Gobierno el 2 de septiembre, argumentando que “fracasa en sus objetivos” y “debilita el tejido industrial y desprotege a trabajadores, pymes y municipios”. La enmienda será defendida en el Pleno del Parlamento andaluz el próximo miércoles, 8 de octubre.

Según el Grupo Socialista, la propuesta legislativa “carece de la visión transformadora que Andalucía necesita en materia industrial” y se centra únicamente en regular aspectos burocráticos de polígonos industriales, ignorando desafíos clave como la inversión en I+D+i, la digitalización y la industria 4.0. Además, critican que la memoria económica del proyecto es “imprecisa” y depende de futuros desarrollos reglamentarios sin presupuesto definido.

“En definitiva, se trata de una ley declarativa que no garantiza la ejecución de las medidas”, afirma el Grupo Socialista. Además, alertan de que la ley podría reducirse a un mero catálogo de intenciones, sin un despliegue efectivo en todo el territorio andaluz. La enmienda también subraya la falta de participación equitativa de sindicatos en la planificación de los espacios productivos, otorgando un rol más prominente a la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Desde el PSOE-A también se señala la marginación de los ayuntamientos en la gestión de estos espacios, así como la exclusión práctica de las pymes y micropymes, que son mayoría en el tejido empresarial andaluz. Además, critican la “ambigüedad” en la regulación del ‘Espacio Industrial Protegido’ y los “errores de redacción” entre otras deficiencias que, según ellos, reflejan una elaboración apresurada de la ley.

El Grupo Socialista concluye que es esencial devolver el proyecto al Consejo de Gobierno para una revisión profunda y presentar un texto que garantice financiación concreta, participación equilibrada, seguridad jurídica, medidas de igualdad y sostenibilidad, y mecanismos de evaluación efectivos. “Solo así Andalucía podrá contar con una ley industrial moderna, justa y eficaz”, finalizan.

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