Este jueves, 9 de octubre, el Grupo Socialista presentará en el Pleno del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) para respaldar la disminución de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una iniciativa promovida por el Gobierno central.
La propuesta del PSOE, según documentos revisados por Europa Press, busca que el Parlamento andaluz inste al Gobierno regional a ‘apoyar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin merma salarial, impulsada por el Gobierno de España y acordada con las organizaciones sindicales’.
Además, con esta PNL, el Grupo Socialista aspira a que el Parlamento inste a la Junta a ‘reconocer el carácter histórico, social, feminista y de salud pública de esta medida, que supondría un avance real en igualdad, conciliación y bienestar’.
La medida, que ya ha sido aprobada en Consejo de Ministros bajo el nombre de Proyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral, Registro de Jornada y Derecho a la Desconexión, es calificada por el PSOE en su PNL como una de las reformas laborales más significativas de la época, destacando que ‘responde a las demandas de trabajadores’ y se ajusta a las ‘transformaciones del siglo XXI, devolviendo a la ciudadanía lo que el progreso económico y tecnológico les debe: más tiempo para vivir, cuidar y conciliar, sin pérdida de poder adquisitivo’.
El Grupo Socialista también ha expresado su preocupación debido a que ‘la iniciativa se encuentra actualmente paralizada tras la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, afrontando la oposición de las derechas y de la patronal, que han tratado de frenar un avance social de gran calado’.
Finalmente, desde el PSOE-A se destaca que esta reducción de jornada es especialmente crucial para Andalucía, donde ‘en una comunidad con un tejido productivo basado en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura donde las jornadas laborales suelen ser más extensas y con menor cobertura sindical, la reducción de jornada supondría un avance real en igualdad de derechos, evitando trabajadores de primera y de segunda’. Así, sostienen que el Parlamento andaluz no debe ignorar uno de los avances sociales y laborales más importantes de las últimas décadas.