Este jueves, 25 de septiembre, el PSOE-A defenderá en el pleno del Parlamento andaluz una moción que busca que la Junta de Andalucía retire su actual proyecto de Ley de Vivienda, aprobado el 10 de septiembre por el Consejo de Gobierno, y que inicie un proceso de diálogo con los agentes sociales para crear una nueva propuesta que aborde de manera efectiva los problemas de acceso a la vivienda que enfrentan muchos andaluces.
La moción, que consta de 22 puntos, fue resultado de una interpelación directa al Gobierno andaluz en la sesión plenaria anterior. La iniciativa exige que el Parlamento andaluz inste a la Junta a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional a la vivienda, promoviendo la igualdad en el acceso y consolidando este derecho como un pilar fundamental del Estado del Bienestar.
Además, se solicita un plan integral de vivienda que incluya objetivos claros, un cronograma y presupuesto adecuado, a ser aprobado en un plazo máximo de seis meses. La oferta de viviendas debería ampliarse, incluyendo sanciones para quienes no hagan uso de inmuebles desocupados, con el objetivo de ponerlos a disposición de las familias trabajadoras y grupos vulnerables. También se propone cumplir con la Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, designando zonas de mercado tensionado donde los costes de vivienda superen el 30% de los ingresos familiares.
El PSOE-A también urge a la Junta a promover un modelo de vivienda pública y protegida que facilite una vivienda digna y accesible, especialmente para los jóvenes y los sectores más desfavorecidos. Se promueve, asimismo, la duplicación de la inversión en políticas de vivienda y la colaboración con administraciones locales para construir vivienda pública a precios razonables. Otros puntos incluyen reforzar el papel de los promotores públicos de vivienda y fomentar alternativas habitacionales sostenibles y asequibles.
Por último, la moción incluye medidas contra la especulación urbanística e inmobiliaria y propone incentivos fiscales para la construcción y rehabilitación de viviendas, así como medidas contra la turistificación de barrios y ciudades, buscando reintegrar las viviendas turísticas al mercado residencial.