Este martes 29 de julio, el Grupo Socialista defenderá en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) relacionada con el posible conflicto de intereses de Jorge Paradela, actual consejero de Industria, Energía y Minas, debido a su previa vinculación con Heineken España, donde trabajó antes de su incorporación al gobierno regional en julio de 2022.
La iniciativa, que ha sido revisada por Europa Press, solicita que el Parlamento exija a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública que ordene a la Inspección General de Servicios o al ente adecuado iniciar un procedimiento y emitir un informe sobre la compatibilidad o incompatibilidad de las funciones del consejero en relación a su antiguo cargo en una empresa y la percepción de ingresos adicionales a su sueldo oficial.
Además, se propone que el Parlamento inste a la misma Consejería a solicitar al consejero de Industria, Energía y Minas el acuerdo privado indemnizatorio que mantiene con su antigua empresa, el cual genera ingresos privados y no figura en su Declaración de Actividades e Intereses, para que sea examinado por la Inspección General de Servicios o la autoridad competente.
Por otro lado, la PNL del PSOE-A sugiere que se recabe del sector público andaluz toda la información sobre contratos, ayudas y otras formas de relación con la empresa anterior del consejero, para su evaluación por la Inspección General de Servicios o el organismo adecuado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado viernes, el Grupo Socialista anunció que había presentado una denuncia ante la Oficina Andaluza Antifraude contra el consejero de Industria por los hechos que motivan esta PNL, y detalla que Paradela estuvo registrado como apoderado de Heineken, según la Declaración de Actividades e Intereses, hasta mediados de marzo de 2025. También revela que Paradela recibió ingresos de 878.780,04 euros en 2022 y de 442.179,04 euros en 2023, cifras que superan con creces su salario como consejero, estimado en unos 85.000 euros anuales.
La normativa vigente, la Ley 3/2005 de 8 de abril, prohíbe a altos cargos compatibilizar su función pública con cualquier otra actividad, ya sea pública o privada, remunerada o no. El Grupo Socialista también hace referencia a unas declaraciones de Paradela en las que admitía la existencia de un acuerdo no declarado con su antigua empresa. Finalmente, critican que la Consejería no haya investigado la situación de Paradela ante posibles conflictos de intereses o incompatibilidades, a pesar de las solicitudes previas en el Parlamento.