El PSOE en el Parlamento de Andalucía ha presentado una propuesta para instaurar una comisión investigadora «relativa a los criterios, procesos y decisiones adoptadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación» de la Junta de Andalucía «en relación con la planificación y autorización de nuevas titulaciones universitarias en Andalucía durante los cursos académicos 2022/2023, 2023/2024 y 2024/2025, y hasta la fecha».
Según se informa en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía del 21 de julio, revisado por Europa Press, esta solicitud fue aceptada por la Mesa de la Cámara el miércoles pasado, 16 de julio, y ahora se encuentra en proceso de admisión.
Desde el 21 de julio, los distintos grupos parlamentarios tienen un período de siete días para expresar su rechazo a la creación de la comisión, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 52 del Reglamento de la Cámara.
La propuesta del Grupo Socialista surge en respuesta al «creciente malestar de la comunidad universitaria, reflejado en múltiples pronunciamientos públicos por parte de universidades públicas, asociaciones rectorales y colectivos estudiantiles, ante lo que consideran una estrategia deliberada de debilitamiento del sistema público universitario en favor de intereses privados».
«En particular –continúa el Grupo Socialista en su iniciativa–, existen decisiones recientes de la consejería –que dirige José Carlos Gómez Villamandos– que han autorizado titulaciones estratégicas a universidades privadas, mientras se han denegado solicitudes equivalentes o mejor justificadas a universidades públicas, como es el caso de grados en Inteligencia Artificial, Ingeniería Biomédica o Ciberseguridad».
Además, el PSOE-A señala «serias dudas sobre el papel desempeñado por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (Accua) en estos procedimientos y sobre los criterios objetivos, técnicos y académicos empleados en la evaluación de las solicitudes, así como la existencia de posibles interferencias o presiones políticas».
Con base en estos argumentos, el Grupo Socialista ve «necesaria la creación de una comisión de investigación sobre los criterios y decisiones adoptadas en materia de planificación universitaria y autorización de nuevas titulaciones, durante los ejercicios 2022 a 2025».
El objetivo principal de esta comisión sería «verificar si las decisiones de la Junta de Andalucía se han ajustado a la legalidad y a los principios de equidad e interés general; determinar si ha existido trato desigual hacia las universidades públicas; evaluar el papel y funcionamiento de la Accua», y «proponer medidas para garantizar la transparencia, la equidad y la calidad del sistema universitario andaluz».