El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley (PNL) para ser debatida en el próximo Pleno del Parlamento, donde se busca que la Cámara andaluza pida al ejecutivo de la Junta que «retirar de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo», relacionado con la asignación de menores migrantes a las distintas comunidades autónomas.
Durante la sesión del 11 de junio, el Consejo de Gobierno de Andalucía decidió permitir que su Gabinete Jurídico impugne el Real Decreto ley 2/2025, aprobado el 18 de marzo, que instaura medidas de urgencia para asegurar el bienestar superior de la infancia y adolescencia en contextos de crisis migratorias excepcionales. Según expuso Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, en una conferencia de prensa, se ha producido una «invasión de competencias» por parte del gobierno central.
En contraposición a esta actitud del Gobierno andaluz, la PNL del Grupo Socialista, que ha sido revisada por Europa Press y está pendiente de discusión, propone que la Junta «retirar de forma inmediata» el recurso anteriormente mencionado, alegando que este va en contra del «interés superior del menor, la solidaridad interterritorial y los principios rectores de la legislación andaluza vigente en materia de infancia y adolescencia».
La propuesta del Grupo Socialista sostiene que, retirando el recurso de inconstitucionalidad, Andalucía reafirmaría su «compromiso» con «una política de protección de la infancia que sea solidaria, corresponsable y conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, y que garantice una atención digna e integral a todos los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, con independencia de su origen o nacionalidad, y que promueva una visión humanista, respetuosa y basada en derechos sobre la infancia migrante, combatiendo activamente los discursos de odio, los prejuicios racistas y la instrumentalización política de los menores migrantes no acompañados».
«EN DEFENSA DE LOS MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS»
El Grupo Socialista argumenta que «el acceso al territorio» de los menores migrantes no acompañados «constituye una realidad constante en las rutas migratorias hacia Europa, que obliga a los poderes públicos a ofrecer una respuesta jurídica, institucional y humanitaria centrada en la defensa del interés superior del menor». Además, señala que en Andalucía, las provincias de Almería, Cádiz y Granada han experimentado picos de llegada de estos menores por vía marítima que han superado la capacidad del sistema de protección. La Fiscalía Superior de Andalucía ha llamado la atención varias veces sobre la saturación de centros y la falta de recursos específicos para niñas y adolescentes migrantes, así como la necesidad de una mejor coordinación interterritorial.
Desde el PSOE-A enfatizan que el decreto del Gobierno central establece un «mecanismo de reparto solidario de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, así como la creación de un fondo estatal de compensación», buscando una distribución equitativa de la responsabilidad pública en la atención de estos menores. A pesar de ello, lamentan que el recurso interpuesto por la Junta ante el TC «no solo pone en riesgo el principio de solidaridad interterritorial y el interés superior del menor, sino que sitúa a Andalucía en una posición de bloqueo institucional ante una respuesta estatal necesaria, razonable y jurídicamente habilitada por la situación de emergencia descrita» en el decreto.