QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), ha expresado preocupaciones significativas acerca de la nueva Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), describiéndola como “en el límite de la inconstitucionalidad” y destacando que “Bordea en algunos artículos la constitucionalidad”. Además, ha solicitado “financiación para hacerla realidad”, enfatizando la necesidad de un “programa muy potente de becas” para cumplir con las exigencias como la acreditación de un B2.
En la comisión parlamentaria, Oliva ha señalado diferencias importantes entre el texto inicialmente aprobado por los rectores y el que actualmente se discute, el cual consideran que representa “una injerencia política” y pone en duda su legalidad por “invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución” y por “vulnerar” normativas de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Ha hecho hincapié en las restricciones sobre la organización interna de las universidades, especialmente en lo que respecta a la contratación de personal, criticando la revisión semestral del personal sustituto como una “injerencia injustificada”. Además, mencionó que ciertas categorías laborales propuestas no añaden valor y sugería que se eliminen para mantener la claridad. Con respecto a la oferta de plazas de profesorado, subrayó que debería ser competencia exclusiva de las universidades, según la LOSU.
En cuanto a la fiscalización por un interventor externo, Oliva se mostró confundido por este cambio en la ley, argumentando que las universidades ya están altamente fiscalizadas y que esta medida solo complicaría la gestión universitaria. Por otro lado, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha defendido la LUPA como una ley que moderniza el sistema universitario, promoviendo autonomía, calidad y proyección internacional, y estableciendo un modelo de financiación para el crecimiento sostenido de las universidades públicas andaluzas.
