Durante su intervención en la comisión de investigación del Senado sobre el ‘caso Koldo’, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciado la entrega de “sin control de 242 millones de euros” a “clínicas privadas” efectuada por la Junta de Andalucía, bajo la administración de Juanma Moreno (PP-A). Esta asignación se realizó a través de contratos de emergencia durante la crisis sanitaria del Covid-19.
En su discurso, Sánchez ha señalado que los tres últimos directores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están “imputados por prevaricación y malversación”. Esta acusación surgió en respuesta al senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta. El presidente ha recordado cómo, al asumir su cargo, encontró un sistema de salud debilitado, resultado de políticas neoliberales que promovieron la privatización de servicios esenciales como la sanidad.
Con el objetivo de enfrentar la pandemia, el Gobierno habilitó “un mecanismo de emergencia para solventar esa tremenda carencia de materiales absolutamente vitales”, mencionando el “famoso Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo”, destinado a mitigar el impacto económico del Covid-19. Este decreto permitió la contratación directa de recursos necesarios para combatir el virus y proteger a los ciudadanos y profesionales de la salud.
Sánchez ha destacado que este procedimiento especial concluyó en mayo de 2021 con el inicio de la desescalada. Sin embargo, ha criticado que la Junta de Andalucía prolongó el uso de estos contratos de emergencia tres años más. “Es decir, el Servicio Andaluz de Salud adjudicó, mediante este procedimiento de emergencia, más de 242 millones de euros a clínicas privadas sin control, utilizando el procedimiento de emergencia para la pandemia, y lo hicieron hasta el año 2024”, ha lamentado el presidente, subrayando la investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción sobre estos contratos.
Para concluir, Sánchez ha reafirmado el compromiso de su gobierno con el respeto a la legislación y el cese del procedimiento extraordinario de contratación pública una vez controlada la situación de emergencia.
















