Una muerte que sacude a toda España
El suicidio de Sandra Peña, una estudiante de 14 años de Sevilla, ha reabierto el debate sobre la eficacia de los protocolos contra el acoso escolar en España.
La familia de la menor sostiene que el colegio no activó el protocolo anti-bullying, pese a haber sido advertido de la situación y a que existían informes psicológicos que acreditaban el daño emocional que sufría la adolescente.
El centro, las Irlandesas de Loreto, se limitó a cambiar de clase a las presuntas acosadoras, sin comunicar formalmente el caso a la inspección educativa. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación y no descarta sanciones si se confirma la falta de actuación.
“Separar a la víctima no es protegerla”
En declaraciones a COPE, la criminóloga y victimóloga Maite Muñica lamentó que “si se hubieran aplicado los protocolos correctamente, Sandra seguramente estaría viva”.
Muñica denuncia que cada comunidad autónoma tiene su propio protocolo y que la falta de una norma estatal genera desigualdad: “Separar a la víctima de sus acosadores no es la solución; al aislarla, la volvemos a castigar. Los que deben ser apartados son los agresores”.
El caso ha encendido las alarmas en todo el país. Asociaciones de padres y colectivos educativos reclaman que los centros asuman su responsabilidad civil y que se refuercen los equipos de orientación y apoyo psicológico.
Protestas y huelga en varias comunidades
El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga nacional para este martes día 28, bajo el lema “Contra el acoso escolar y por la salud mental del alumnado”.
Habrá manifestaciones en Oviedo, Gijón, Sevilla, Madrid y Barcelona, con concentraciones previstas a las 12:00 horas. El colectivo exige más inversión pública en salud mental, más orientadores escolares y protocolos comunes que se apliquen “desde la primera agresión”.
La convocatoria llega después de que la Fiscalía de Menores y la Policía Nacional confirmaran que mantienen abierta una investigación sobre el caso de Sandra Peña y pidieran “prudencia y respeto hacia las familias implicadas”.
Efecto dominó en los colegios
El caso ha reactivado movilizaciones en comunidades como Andalucía, Asturias, Cataluña y Castilla-La Mancha, donde colectivos educativos reclaman datos públicos sobre los protocolos de acoso.
El Observatorio Estatal de Convivencia Escolar recuerda que uno de cada diez alumnos dice haber sufrido bullying y un 2 % ciberacoso, mientras que las denuncias han crecido un 30 % en el último año.
¿Un vacío legal todavía sin respuesta?
El precedente de Kira López, la joven de Barcelona que se quitó la vida en 2021 tras sufrir acoso, sigue sin haber logrado una ley nacional contra el bullying.
Su padre, José Manuel López, impulsó la asociación Trencats, que reclama que el protocolo se active de forma inmediata tras la primera denuncia.
“La historia se repite porque nadie asume la responsabilidad”, denuncia.