El Sindicato de Estudiantes llama a una huelga general en institutos y facultades el próximo 28 de octubre para denunciar el acoso escolar y exigir responsabilidades por el caso de Sandra Peña, la joven sevillana que se quitó la vida tras denunciar ‘bullying’.
Reclaman dimisiones, más psicólogos y el fin de la financiación pública a centros concertados que, según denuncian, “ocultan los casos por proteger su negocio”.
“Llenar las calles contra el bullying”
La organización estudiantil ha convocado concentraciones a partir de las 12:00 del martes 28 de octubre en todas las ciudades españolas.
“Vamos a llenar las calles en solidaridad con la familia de Sandra Peña y contra un sistema que ha mirado hacia otro lado”, señala el comunicado.
El sindicato exige la dimisión inmediata de la dirección del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla, donde estudiaba la joven, y la retirada de su concierto público. Considera que los responsables “deben responder penalmente” por no activar el protocolo antibullying.
Críticas a la Junta de Andalucía y al modelo concertado
El Sindicato acusa a la Junta de Andalucía de “mantener los conciertos con la Fundación Educativa Mary Ward”, responsable del centro, y de “desmantelar la educación pública”.
“Combatir el acoso no puede depender de la buena voluntad de los profesores, colapsados por la masificación en las aulas. Hacen falta orientadores, psicólogos y mediadores en todos los centros”, advierte la organización.
Además, reclama miles de profesionales de salud mental en la sanidad pública y en cada colegio o instituto, al tiempo que rechaza “seguir engordando el negocio de la enseñanza privada”.
“Una educación libre de odio”
El Sindicato de Estudiantes enmarca la huelga en una campaña por una escuela segura, inclusiva y sin discriminación.
“Nuestros centros deben ser espacios sin machismo, sin racismo, sin LGTBIfobia y sin fascismo”, subraya el texto, que denuncia “la violencia que propaga la extrema derecha en las redes, las calles y las instituciones”.
Apoyo a la familia de Sandra Peña
El movimiento estudiantil ha expresado su solidaridad con la familia y los compañeros de Sandra, afirmando que su muerte “pudo haberse evitado” y que hay “responsables muy concretos”.
En su comunicado señalan tanto a la dirección del colegio como a la Iglesia Católica, a las que acusan de “ocultar los gritos de auxilio para no dañar su imagen ni perder financiación pública”.












