QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El caso de Sandra Peña, la estudiante sevillana de 14 años que se suicidó tras denunciar acoso escolar, entra en una fase clave. La Policía Nacional examina su teléfono para hallar pruebas del bullying, mientras la Fiscalía investiga al colegio Irlandesas de Loreto y los ataques se ceban en las menores señaladas como agresoras.
La investigación se centra en el móvil de la menor
El Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional ha logrado acceder al teléfono móvil de Sandra Peña, donde busca mensajes y publicaciones que prueben el acoso que la familia denunció desde la pasada primavera.
Según confirmaron a diversos medios, entre ellos El Mundo, el contenido del dispositivo -chats, redes y fotografías- será incorporado al atestado policial, que servirá de base para el expediente de reforma juvenil abierto por la Fiscalía de Sevilla.
Los investigadores tratan de determinar también la edad exacta de las presuntas acosadoras, ya que si alguna fuera menor de 14 años no podría ser imputada penalmente.
El señalamiento público de las menores agrava el caso
En paralelo, la gestión del caso ha derivado en indignación generalizada. Las primeras pintadas que pedían justicia por Sandra en los muros del colegio Irlandesas de Loreto han dado paso a mensajes con nombres, apellidos y fotos de las tres alumnas implicadas, acompañadas del calificativo de “asesinas”, difundidas por redes sociales, donde perfiles anónimos difunden sus datos personales.
Expertos consultados por diversos medios han alertado que estas prácticas vulneran la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que prohíbe difundir la identidad de menores y faculta a la Fiscalía para actuar de oficio y exigir la retirada inmediata de ese contenido.
La Fiscalía investiga al colegio y estudia responsabilidades
La Fiscalía de Menores mantiene dos expedientes abiertos: uno para evaluar la responsabilidad penal de las presuntas acosadoras y otro, de supervisión, para determinar la actuación del centro educativo.
La decisión llega tras el informe de la Inspección Educativa de la Junta, que confirmó que el colegio no activó los protocolos contra el acoso ni de prevención del suicidio, pese a dos avisos previos de la madre de la menor.
Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo confirman que el centro podría perder el concierto educativo si el expediente administrativo concluye que hubo un incumplimiento grave.
El colegio denuncia las pintadas y pide calma
El director de las Irlandesas, Francisco de Paula Suárez, ha difundido un comunicado en redes —el segundo desde el fallecimiento de Sandra— en el que pide “cautela y responsabilidad” y reclama que cesen los incidentes en el entorno del colegio, después de que desconocidos lanzaran objetos al patio de Infantil al grito de “asesinos”.
El centro asegura estar colaborando con las autoridades y explica que su silencio responde a la petición expresa del Grume de no difundir información mientras dure la investigación.
Dolor y advertencia de la familia
La familia de Sandra Peña, a través de su tío y portavoz Isaac Villar, ha condenado el hostigamiento contra las menores señaladas y contra el colegio. “No queremos que nadie pase por esto”, ha afirmado.
Al mismo tiempo, los padres estudian acciones legales para depurar responsabilidades por la falta de actuación del centro. “No hicieron nada”, insiste el entorno familiar, que asegura que la madre alertó en dos ocasiones del acoso sin obtener respuesta.
Un reflejo de fallos estructurales
El caso ha destapado las carencias del sistema educativo en materia de prevención del bullying. La Fiscalía Superior de Andalucía registró en 2024 un total de 75 expedientes de reforma por acoso escolar, pero ninguno en Sevilla, pese a que, según un sondeo de CSIF Educación, el 63 % de los docentes sevillanos ha gestionado casos de acoso en sus centros.
