QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El caso de Sandra Peña, la estudiante sevillana que se quitó la vida tras denunciar acoso escolar, centra el debate político en Andalucía. La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, asegura que los protocolos “sirven”, mientras Por Andalucía y el PSOE acusan al Gobierno autonómico de reaccionar tarde y de “vender humo” en lugar de reforzar los recursos contra el acoso.
Castillo: “El acoso no es un problema de los centros, es de todos”
En su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional insistió en que los protocolos de acoso “funcionan” y que cuentan con seguimiento de la Inspección educativa.
“El acoso no es un problema de los centros. Todos tenemos que contribuir”, señaló Castillo, apuntando a partidos, comunidad educativa y medios de comunicación “que llevan dos semanas dándole vueltas” al caso.
La titular de Educación recalcó que los colegios “no son responsables de lo que ocurre a partir de las dos de la tarde”, en referencia a la dimensión del ciberacoso.
Críticas de Por Andalucía y el PSOE: “El sistema no funciona”
Por Andalucía reprochó a la Junta que los protocolos “llegan tarde”, recordando que el colegio Irlandesas Loreto —donde estudiaba Sandra Peña— no activó el protocolo obligatorio pese a las denuncias familiares. El grupo denunció que “la respuesta fue la ignorancia” y exigió al Gobierno “dejar el márketing y actuar”.
El PSOE, por su parte, acusó a la consejera de “mirar para otro lado” y advirtió de que “si los protocolos no tienen fondos ni personal, no sirven para nada”. Los socialistas pidieron datos sobre el seguimiento de los casos y reclamaron que “no vuelva a pasar nunca más”.
La Junta defiende sus programas y el refuerzo docente
Castillo destacó que desde 2019 se ha duplicado el número de centros implicados en planes de convivencia: de 3.214 a 6.483.
También subrayó la “batería de políticas” en marcha: el programa ConRed (2020) para prevenir el ciberacoso, Fénix (2022) de mentoría social, o el ADA -Alumnado Ayudante Digital Andaluz-, que implica a los propios estudiantes en la detección de riesgos.
“Cuando los protocolos se activan, funcionan. La mayoría de los casos se resuelven en el ámbito escolar”, afirmó.
La Consejería asegura haber formado a 9.000 docentes en prevención del acoso, conductas autolíticas y ciberseguridad, y trabaja en simplificar los procedimientos para hacerlos más operativos.
