El grupo parlamentario Por Andalucía defenderá el próximo jueves, 26 de junio, en el Pleno de la Cámara una proposición no de ley (PNL) con un conjunto de «medidas contra la corrupción» en las instituciones públicas que se dirigen tanto al Gobierno de España como al de la Junta de Andalucía, a la que, entre otras cuestiones, reclaman la puesta en marcha de «una herramienta de publicidad activa denominada ‘mapa de la corrupción en Andalucía'».
Así se recoge entre las propuestas de esta PNL de Por Andalucía, consultada por Europa Press, con la que dicho grupo quiere que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta para que, a su vez, inste al Ejecutivo central a adoptar medidas como «reforzar la regulación que establece la prohibición de celebrar contratos públicos por la comisión de actos ilícitos no sólo por las personas jurídicas o sus administradores o representantes, sino también por la acción de cualquier tercero».
También, que el Gobierno efectúe «los cambios legales oportunos para que la prohibición legal de contratar no sólo alcance a la persona jurídica formalmente beneficiaria, sino, en el supuesto de pertenencia a un grupo de empresa, al conjunto de éste», así como que mejore «la regulación que impide la prohibición de contratar a aquellas empresas que sustituyen, suceden, se constituyen o transforman para dar continuidad a una empresa corruptora».
«Establecer consecuencias legales más contundentes que graven las consecuencias económicas hacia corruptores y corrompidos, debiendo devolver el dinero público robado y afecto por prácticas corruptas de forma multiplicada», es otra de las reclamaciones de Por Andalucía dirigidas al Gobierno central, al igual que la de regular «legalmente el decomiso de todos aquellos bienes de los corruptores que no acrediten que tienen un origen lícito».
Por otro lado, el grupo que aúna a Podemos, IU y al Movimiento Sumar, entre otras formaciones, también propone que el Parlamento inste al Gobierno de la Junta a que, «en el marco de sus competencias, desarrolle las medidas legales y políticas» antes expuestas, así como que inste al Ejecutivo central a adoptar otras medidas «dirigidas a aumentar la ética pública».
Entre ellas figuran las de regular el tratamiento que reciban los «cargos públicos procesados», de forma que se cree «la figura de persona investigada avalada» ante casos de «delitos relacionados con la corrupción», de forma que exista «la obligación legal de que tanto la institución en la que ostenta el cargo público» dicha persona como «la formación política en la que esté afiliada justifiquen de forma pública y motivada las razones por las que avalan su permanencia en sus responsabilidades institucionales y su vínculo afiliativo durante esa situación procesal».
«En caso de no existir dicho aval, la situación procesal de investigada será causa de cese o suspensión, figura ésta que ha de regularse para los cargos electos, en el cargo público y/o de suspensión afiliativa», plantea la iniciativa de Por Andalucía.
De igual modo, el grupo de formaciones de izquierda propone que desde el Gobierno central se regule «la separación definitiva de personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción de aquellas personas que, sin tener la condición de cargo público, ostenten puestos políticos en instituciones públicas».
También creen desde Por Andalucía que «han de adoptarse medidas de absoluta transparencia en las relaciones que tanto las administraciones públicas como todos los poderes del Estado, incluida su jefatura, mantienen con empresas y sectores económicos, acabando con los impunes ángulos muertos en los que en demasiadas ocasiones crece y se multiplica la corrupción».
Por ello –continúa la PNL–, «debe establecerse legalmente la obligación de publicitar toda reunión o encuentro de representantes públicos o políticos con empresas, dando transparencia a partícipes y materias abordadas, regulando igualmente las sanciones y consecuencias legales del incumplimiento de dicha publicación».
Asimismo, Por Andalucía considera en esta iniciativa que «ha de publicitarse, por parte de cargos públicos, miembros del poder judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos aquellos regalos permitidos legalmente, participación en eventos sociales privados organizados por empresas y grupos de interés, así como los ingresos complementarios lícitos percibidos».
También apela Por Andalucía a que se refuerce «la normativa legal para fijar con más contundencia la incompatibilidad de percibir una retribución pública y ostentar una responsabilidad pública y el ejercicio de actividad alguna en universidades privadas, por su naturaleza de negocio lucrativo en sí, y por la composición privada de su accionariado, despejando así de alguna laxa interpretación efectuada al respecto por organismos públicos».
«MAPA DE LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA»
Como reclamación dirigida a la Junta, Por Andalucía propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que «en el plazo de cuatro meses ponga en marcha una herramienta de publicidad activa denominada ‘mapa de la corrupción en Andalucía’, por la que se dé publicidad permanentemente actualizada de los casos de corrupción investigados y sentenciados al menos en los últimos diez años, identificando empresas y personas implicadas, el alcance territorial de su ilegal actuación, los delitos investigados, la situación procesal en la que se encuentran, la condena cuando exista, y el estado de proceso de devolución del dinero robado».
Finalmente, el grupo Por Andalucía propone que el Parlamento inste «a las formaciones andaluzas representativas a conformar en el plazo de dos meses un gran pacto político a favor de la ética pública y contra la corrupción, por la que se trabaje en implementar las medidas contenidas en esta PNL» y «aquellas otras que propongan las formaciones».
JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA
Al anunciar, el pasado martes, el registro de esta iniciativa parlamentaria, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, subrayó que esta PNL plantea un conjunto de «medidas concretas, contundentes y aplicables para reforzar la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas».
En un audio remitido a los medios, Inmaculada Nieto sostuvo que «la corrupción es demasiado grave para despacharla con meros discursos», y defendió que «ha llegado el momento de actuar con firmeza», y «es necesario lanzar un mensaje claro a la ciudadanía de que la corrupción va a ser perseguida, que vamos a trabajar por prevenirla, erradicarla y garantizar consecuencias muy severas para quienes incurran en estas prácticas».
La portavoz de Por Andalucía y también representante de Izquierda Unida (IU) advirtió asimismo de que la corrupción «no se limita a los altos cargos políticos», de modo que «también deben rendir cuentas las empresas que se benefician de contratos públicos mediante prácticas corruptas».
«Quien haya recibido un soborno o haya facilitado tratos de favor debe ser castigado, y también las empresas implicadas, que deben ser excluidas de futuros contratos con la administración», aseveró Inma Nieto.
Desde Por Andalucía señalaron que confían en que esta PNL sea «apoyada y enriquecida por el resto de grupos parlamentarios y se convierta en una herramienta eficaz para frenar la sangría de credibilidad y decencia que provoca la corrupción en nuestras instituciones».