La Fiscalía Superior de Andalucía ha informado que en 2024 se tramitaron 75 expedientes de reforma por acoso escolar, todos ellos contra menores de entre 14 y 18 años.
Ninguno en Sevilla, Granada, Almería o Córdoba
La provincia de Málaga concentró 62 de los casos, seguida de Cádiz (6), Jaén (4) y Huelva (3). En Sevilla no consta ninguno, pese a que este octubre se investiga el suicidio de Sandra Peña, alumna del colegio Irlandesas Loreto, tras denunciar que sufría bullying.
Expedientes y resoluciones extrajudiciales
La memoria fiscal refleja que “la gran mayoría de los expedientes se resuelven vía solución extrajudicial”, sin llegar a juicio.
En el ejercicio anterior, la Fiscalía ya había mostrado su “preocupación por el repunte de casos”, según detalla Europa Press.
“Casos minoritarios”
El documento recalca además que las conductas de acoso con implicación penal siguen siendo minoría respecto al total de denuncias escolares, lo que evidencia la dificultad para trasladar estos episodios al ámbito judicial.
El caso Sandra Peña reabre el debate
El reciente suicidio de la joven sevillana ha vuelto a situar en el foco la aplicación real de los protocolos de acoso escolar en los centros andaluces.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha constatado que el colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, y ha remitido el caso a la Fiscalía, además de abrir un expediente administrativo para depurar responsabilidades.
Según el departamento, en el sistema público Séneca se registraron 2.700 activaciones de protocolos de acoso escolar en el curso 2022-2023, de las cuales aproximadamente 500 se confirmaron como acoso real.
Qué exige el protocolo escolar
El protocolo de la Junta de Andalucía establece que cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de acoso debe comunicarlo de inmediato a un docente o al equipo directivo.
El centro, tras recibir la alerta, debe reunir a la dirección, tutores y orientadores para recopilar información y valorar la intervención.
Si se confirma indicio de acoso, el colegio debe informar por escrito del inicio del protocolo a la Inspección Educativa y adoptar medidas de urgencia para proteger a la víctima, garantizando su seguridad y aplicando medidas cautelares al presunto agresor.
La actuación del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una investigación de oficio para esclarecer cómo se aplicaron los protocolos en el colegio Irlandesas Loreto.
Ha elevado una queja formal a la autoridad educativa y ha insistido en la necesidad de reforzar la prevención:
“Los protocolos tienen que funcionar”, subrayó Maeztu, recordando que la detección temprana y la intervención inmediata “pueden salvar vidas”.