La mayoría de los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno de coalición han adelantado que respaldarán la convalidación de la reforma de la Ley de Memoria Democrática, destinada a compensar económicamente a quienes fueron asesinados o sufrieron lesiones graves por la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. La excepción es Junts, que ha expresado una fuerte oposición al decreto que se someterá a votación este jueves en el Pleno del Congreso.
Tras las conversaciones mantenidas con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG han comprometido su voto favorable, siempre que sus propuestas se incorporen posteriormente al articulado, ya que el decreto se transformará en proyecto de ley y continuará su tramitación parlamentaria.
El ministro ha reclamado de forma expresa que esas enmiendas se registren en un plazo de dos o tres semanas, aunque ello no implica que vayan a tramitarse con seguridad. De hecho, en esta legislatura son numerosos los proyectos de ley procedentes de decretos que han quedado paralizados en el Congreso, incluso con las enmiendas ya presentadas.
Podemos, Bildu y el BNG han insistido en la conveniencia de ampliar el periodo temporal previsto en la reforma para que también puedan reconocerse indemnizaciones por muertes o lesiones incapacitantes ocurridas hasta el 31 de diciembre de 1983, dado que la propia Ley de Memoria admite que se pudieron cometer vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.
Esquerra, por su parte, ha hecho público un entendimiento con Torres por el que el Ejecutivo se avendría a aceptar ese límite temporal, a extender el plazo para pedir las ayudas —de uno a tres años— y a revisar los requisitos de acceso, relajándolos para evitar lo que califican de "exclusiones injustas" y garantizar que episodios emblemáticos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser contemplados.
El portavoz de ERC en esta materia, Francesc Marc Álvaro Vidal, ha reclamado que se aplique un principio de interpretación favorable a las víctimas, asegurando una "reparación integral" y evitando restringir derechos ya reconocidos.
En términos similares se han expresado la diputada de Bildu Isabel Pozueta; el representante del BNG, Néstor Rego, y la diputada de Podemos Martina Velarde, que ha aprovechado su intervención para exigir una ley específica que repare a los 'bebés robados'. A su vez, Mikel Legarda, del PNV, ha reiterado la necesidad de una nueva normativa sobre secretos oficiales.
Junts exige incluir a guerrilleros antifranquistas
El diputado de Junts Josep María Cervera ha cargado con dureza contra el contenido del decreto, aunque ha preferido no desvelar todavía el sentido de su voto. Vox ya ha anunciado que se opondrá y, a tenor de su discurso, el PP podría hacer lo mismo, de modo que la convalidación podría quedar finalmente en manos de Junts.
Cervera sostiene que el Gobierno ha dado un "salto hacia atrás" al dejar fuera de la norma a los "guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas". A su juicio, es "legítimo" plantearse "si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura".
"Reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que en ausencia de libertades la resistencia puede adoptar formas que hoy en una democracia ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera", ha explicado el diputado de Junts en el hemiciclo.
El PP denuncia una "aberración histórica" y Vox habla de "patraña"
El portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha calificado el decreto ley como "un despropósito jurídico, una aberración histórica y una deslegitimación constitucional" que, en su opinión, supone "un ataque directo a la base fundacional de la democracia". Considera que el texto sitúa como "cómplices de la represión" a todos los diputados elegidos en las "elecciones libres" de 1977, incluidos los 118 del PSOE, con Felipe González y Alfonso Guerra al frente, así como a dirigentes comunistas como Santiago Carrillo, Marcelino Camacho o Dolores Ibarruri.
Tras leer fragmentos de dos comunicados de ETA de 1977 en los que la organización terrorista afirmaba que no podía acusársele de intentar "desestabilizar la democracia" porque esta no existía, ha reprochado al PSOE que haya asumido el mismo relato que "escupía ETA para justificar sus asesinatos". "Han blanqueado a Bildu y ahora también quieren blanquear a un juez prevaricador como (Baltasar) Garzón para que presida una totalitaria y distópica Comisión de la Verdad", ha añadido Muñoz Abrines.
También Ignacio Hoces, de Vox, ha recurrido a ETA en su intervención, acusando al PSOE de mantener una "doble vara de medir" por legislar sobre hechos de hace 90 años mientras persisten 400 asesinatos de ETA sin esclarecer y se "blanquea" a Bildu. "Son crueles con las víctimas del terrorismo de hoy, amnésicos con sus corruptelas actuales y, en cambio, actúan como arqueólogos militantes para retorcer nuestro pasado", ha remachado el diputado, que tacha la reforma de "infame patraña".
Debate sobre la dictadura y las indemnizaciones
El diputado andaluz del PSOE Ignacio López Cano había interpelado al PP sobre si se atrevería a votar en contra o a abstenerse ante una norma que permitirá compensar a las hermanas de García Caparrós, recordando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, se envuelve cada 4 de diciembre en la bandera verdiblanca.
Muñoz Abrines le ha respondido que la "trágica muerte" del joven militante de Comisiones Obreras fue "deleznable, inaceptable e injusta", pero ha subrayado que se produjo cuando, según su criterio, ya no existía dictadura. "Ya no se pedía libertad, sino descentralización", ha señalado, defendiendo que las posibles indemnizaciones en este caso deberían articularse a través de la ley de responsabilidad patrimonial del Estado por daños causados por la actuación policial, y no mediante la Ley de Memoria.