La diputada sevillana de Sumar en el Congreso, Engracia Rivera, ha registrado varias preguntas escritas dirigidas al Gobierno central a raíz de la “inseguridad jurídica y social que enfrentan las familias afectadas” por la situación de las 91 viviendas protegidas de la barriada de La Alcarrachela, en Écija (Sevilla), que en 2020 fueron “adjudicadas en subasta pública” a una empresa privada.
La iniciativa, fechada el 18 de marzo y consultada por Europa Press, recuerda que estos inmuebles “fueron promovidas inicialmente” como de “alquiler social por la empresa municipal Sedesa y destinadas a familias con bajos ingresos desde el año 2000”.
Rivera detalla que, “tras la quiebra de la sociedad pública y la liquidación de sus activos, las viviendas fueron adjudicadas en subasta pública en 2020” a una mercantil que “pagó por el conjunto aproximadamente 12.637 euros por vivienda”, lo que ha cambiado de forma sustancial el marco en el que residían estas familias.
Según expone la diputada, “durante los últimos años, los contratos de alquiler social de las 91 familias han ido expirando y la empresa propietaria les ofrece ahora la compra de sus viviendas por un precio muy superior --entre 40.000 y 45.000 euros--, cantidad inasumible para la mayoría de los residentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad económica”.
Rivera añade que, “según diversas informaciones públicas, la citada empresa no habría cumplido con sus obligaciones fiscales ante la Hacienda pública y ante la propia administración local, lo que se ha traducido en impagos tributarios que han repercutido directamente en la gestión del alquiler y en las relaciones con los vecinos”.
Desde el grupo parlamentario en el que se integra Izquierda Unida (IU) subrayan igualmente que “los afectados han promovido procedimientos judiciales contra la venta y han solicitado la intervención de las administraciones, tanto local como autonómica, para recuperar el carácter social de la vivienda protegida que han tenido asignadas durante más de dos décadas”.
A partir de ahí, la representante de Sumar eleva varias cuestiones al Ejecutivo, del que su coalición forma parte junto al PSOE. En primer lugar, pregunta si “tiene conocimiento” de “la situación en torno a la titularidad y gestión de las 91 viviendas sociales de La Alcarrachela en Écija, adquiridas por una sociedad privada tras la liquidación de la empresa municipal promotora”.
En segundo término, y “en caso de confirmarse la existencia de deudas tributarias por parte de la empresa propietaria de estas viviendas”, plantea “qué medidas contempla el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras autoridades competentes, para garantizar el mantenimiento del uso social de estas viviendas o facilitar su incorporación a un parque público de vivienda asequible”.
Por último, la diputada reclama saber “qué mecanismos de colaboración está dispuesto a activar el Gobierno con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Écija para abordar la inseguridad jurídica y social que enfrentan las familias afectadas, con el objetivo de proteger el derecho constitucional a una vivienda digna”.