QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha explicado este martes que las objeciones planteadas por los rectores del sistema público andaluz a que la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) esté “en el límite de la inconstitucionalidad” se centran en la decisión final de incorporar la figura de un interventor externo obligatorio en cada universidad, cuando “hace un año, en la propuesta de la Ley se planteó que fuera facultativo”. “Esto es lo que ha motivado” las críticas, ha resumido el consejero.
Gómez Villamandos ha aludido a la comparecencia del presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, en la comisión parlamentaria que analiza la Ley de Presupuestos 2026, donde el también rector de la Universidad Pablo de Olavide cuestionó que “no sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión”, más aún cuando, recordó, “todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas”. En esa misma intervención, Oliva recalcó que “no hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades” y advirtió de que la nueva figura “carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión”.
La Junta respondió en su día a los rectores que este interventor “ya existe en todas las administraciones públicas” y que su misión es actuar como “una garantía para la adecuada fiscalización de la gestión económica” con el objetivo de “pretendemos que no vuelva a suceder lo ocurrido en la Universidad de Málaga, que gastó 80 millones sin la autorización que exige la Ley”. En esta línea, el consejero ha recalcado ahora que el contenido de la LUPA no infringe la Constitución ni se sitúa en su frontera. “O se está vivo o se está muerto. O algo es inconstitucional o no lo es”, ha remachado.
En un documento remitido recientemente, la Consejería detallaba que los “cambios” introducidos en el texto que hace un año obtuvo el “voto positivo de todos los rectores andaluces” derivan de “consecuencia de la tramitación correspondiente” y se han incorporado “a instancia de las observaciones” formuladas por el Consejo de Transparencia, el Consejo Asesor de Estudiantes, la Agencia de la Competencia, el Gabinete jurídico y el Consejo Consultivo.
Según ese escrito, la única “incorporación importante” respecto al anteproyecto que “tuvo el visto bueno de los rectores –insistía la Junta–” es precisamente la obligatoriedad del interventor externo, que antes figuraba como opción. “En el resto de cuestiones sobre las que existía alguna duda, se acordó –hace un año– que se establecería lo que indicara el Consultivo y así se ha hecho”, subrayaba la Consejería, que añade que este órgano “analizó detalladamente el respeto a la autonomía universitaria señalando lo siguiente: “La autonomía universitaria se constituye en elemento fundamental para el análisis del texto sometido a examen […] En definitiva, la comunidad autónomaes competente para la aprobación de la Ley cuyo anteproyecto se ha remitido a este Consejo para dictamen”.
Durante la sesión parlamentaria sobre la LUPA, Francisco Oliva manifestó su malestar porque el proyecto que ha llegado ahora al Parlamento “difiere en aspectos sustantivos” del borrador que los rectores revisaron hace un año y al que dieron su respaldo. A juicio de los responsables de las universidades públicas andaluzas, la norma en tramitación supone “una injerencia política” y pone “en entredicho su legalidad” al “invadir la autonomía universitaria consagrada en la Constitución” y al “vulnerar” preceptos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Pese a ello, puntualizan que “no lo vamos a poder recurrir pero teníamos que decirlo”.
Oliva incidió, entre otros aspectos, en la “flagrante restricción” que, según la AUPA, la LUPA introduce en la capacidad de las universidades para organizarse internamente en materia de personal, al prever una revisión semestral del personal sustituto, lo que califican de “injerencia injusticada”. En el ámbito de la contratación, añadieron que “el Estado es el único con competencias en legislación laboral”.
En relación con las “nuevas figuras” académicas contempladas en el texto andaluz, Oliva sostuvo que “las modalidades” ya están previstas en la LOSU, por lo que figuras como la de profesor singular invitado “por claridad, debería suprimirse porque no añade nada especial” respecto a la regulación existente. En cuanto al profesor emérito, recordó que la LOSU establece que cada universidad fija sus propios requisitos, por lo que lo previsto en la LUPA constituye, a su juicio, “un error técnico de competencias”.
Otro de los puntos cuestionados por los rectores es que la oferta de plazas de profesorado deba contar con la aprobación previa de la Junta de Andalucía, cuando, según recalcan, “la LOSU es clara: es competencia de las universidades”. A su entender, “es preocupante que se hayan añadido cosas que afectan claramente a la autonomía universitaria y que son una vulneración de la LOSU”.
Respecto a las becas de internacionalización, los rectores reclaman que quede expresamente recogido que serán “exclusivamente para los estudiantes de la pública” –el consejero ha dicho este martes que se deja claro que las becas son sólo para los estudiantes de la pública–. Asimismo, juzgan “excesivo” que la Junta designe a nueve miembros del Consejo Social, al considerar que “puede comprometer la independencia del órgano”, y piden que las universidades de nueva creación se ajusten a la nueva normativa “desde un principio”, en lugar de disponer de un año de plazo para adaptarse.
