Villamandos cuestiona la atención del Gobierno a las objeciones de 13 regiones sobre el nuevo decreto universitario

José Carlos Gómez Villamandos, encargado de Universidad, Investigación e Innovación, ha expresado su escepticismo el jueves acerca del tratamiento que el Gobierno de Pedro Sánchez dará a las objeciones presentadas por 13 comunidades autónomas respecto al Real Decreto que incrementa los requisitos para la creación de universidades. Afirmó que el Gobierno «no solo haya hecho de la justicia y otros principios fundamentales una moneda de cambio, sino que haya añadido la ciencia y la universidad en su política de trueques zafios», por lo que duda que las alegaciones «sean ni siquiera atendidas».

«Espero muy poco de un Gobierno que legisla al ritmo de las coacciones a las que le someten sus socios», declaró Gómez Villamandos durante una sesión del Parlamento andaluz en respuesta a una consulta del PP. Comentó que, a pesar del anuncio de un decreto «arbitrario, parcial y profundamente injusto», al cual Andalucía se opone y presenta alegaciones, el Gobierno «hace mutis por el foro». Sin embargo, destacó, «el País Vasco, con el PNV a la cabeza, cuestiona la norma considerando que invade competencias y el Ejecutivo central «se abre a modificarlo».

También criticó a Pedro Sánchez por intentar modificar legislaciones pasadas como «una gran cortina de humo que raya lo inconstitucional puesto que invade competencias autonómicas y desvirtúa de un plumazo la función, por ejemplo, de los organismos de supervisión de garantía y calidad de las comunidades». Además, señaló que el decreto perpetúa la demonización de la privatización universitaria y, al mismo tiempo, «se presenta como el garante en el control y la calidad universitaria y, sin embargo, exima de las exigencias de personal docente a las universidades privadas con regímenes de precios públicos». Por esto, concluyó que «nos ha quitado todas las esperanzas, por lo que no confío en que las alegaciones de 13 comunidades, no necesariamente del PP, sean atendidas».

ALEGACIONES PRESENTADAS

La Consejería de Universidad ha emitido dos alegaciones al proyecto de decreto. La primera aborda el concepto de universidad con especiales características, una etiqueta previamente asociada a universidades estatales como la UNED o la UIMP, que actúan a nivel nacional. El cambio en el decreto redefine este término, agregando a su alcance territorial una referencia al modelo docente, exigiendo que más del 80% de las actividades académicas sean virtuales o híbridas.

La segunda alegación apunta a la contradicción en permitir que las universidades privadas que operan bajo precios públicos en sus títulos oficiales eviten las exigencias que se aplican a las universidades con especiales características. La alegación sostiene que «si el motivo que justifica que el Estado se encargue de supervisar a los campus con especiales características responde al hecho de extender su formación académica en más de un territorio y con una modalidad docente determinada, no es posible que renuncie a esta función por el simple hecho de que dicha universidad con especiales características se rija por precios públicos».