El Pleno del Parlamento de Andalucía abordará el próximo jueves una Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Grupo Vox en Andalucía, con la que pretende que la Cámara muestre su rechazo al Decreto que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de migrantes, aún pendiente del dictamen del Consejo de Estado antes de su visto bueno definitivo.
Con esta iniciativa, Vox persigue que el Parlamento andaluz deje constancia de que dicho procedimiento "supone un grave riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos andaluces".
Otro de los apartados de la PNL plantea que el Parlamento promueva, dentro de sus competencias estatutarias, una reforma de la legislación migratoria para "proceder a la repatriación de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra Nación", así como la repatriación de los menores extranjeros no acompañados.
En coherencia con lo anterior, Vox propone otra modificación normativa con el objetivo de que "se proceda a la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida", e incluye en esta categoría a "todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación que lo acoge e intente imponer la suya".
La formación también reclama que el Consejo de Gobierno declare "la prioridad nacional" para el acceso a todas las ayudas sociales y servicios públicos en Andalucía, y plantea la creación de incentivos para "el retorno de todos aquellos extranjeros que supongan un lastre para el estado de bienestar de los andaluces", a quienes achaca que "no contribuyen con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y viven de las ayudas sociales".
Asimismo, Vox propone que la Cámara autonómica deje fijada su posición en el sentido de que "el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales esté condicionado a sus años de cotización".
La PNL traslada al Parlamento andaluz "la necesidad de establecer una política migratoria firme, ordenada y acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral" y que, en este marco, se garantice siempre "la prioridad nacional y la sostenibilidad de nuestro Estado de bienestar", exigiendo además que los inmigrantes acrediten "capacidad de adaptación a nuestra cultura y nuestras costumbres".
El texto también persigue que el Ejecutivo andaluz "suprima toda ayuda o beneficio social que no sean las estrictamente necesarias para garantizar la atención humanitaria de los inmigrantes ilegales hasta su devolución a sus países de origen".
En coherencia con esta línea, Vox reclama a la Junta "la supresión de todas las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas", así como que el Parlamento se posicione a favor de "endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y todos sus colaboradores".
La formación exige igualmente al Gobierno andaluz que, dentro de su ámbito competencial, "acabe con todas con las políticas de efecto llamada" a las que responsabiliza de haber llevado "a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente" por "las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".
La iniciativa de Vox aspira también a que la Cámara autonómica se muestre favorable a introducir cambios legales para que "la institución del arraigo" deje de ser "una herramienta jurídica" para la obtención del permiso de residencia.
Finalmente, Vox reclama al Ejecutivo andaluz que "suspenda la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios" mientras no respeten los acuerdos bilaterales de cooperación suscritos en esta materia.