QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha registrado una Proposición no de Ley (PNL) para que el Parlamento de Andalucía “se muestre favorable a suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de visibilidad, climatología adversa y seguridad vial”.
Según la formación, el objetivo central de esta iniciativa es “no introducir cargas adicionales a las familias y empresas españolas”, reclamando que cualquier cambio normativo se apoye en informes rigurosos y contrastados.
En la exposición de motivos, Vox subraya que “en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de la vida, imponer un gasto adicional a millones de familias, especialmente en fechas de elevado consumo como las Navidades, resulta una carga innecesaria y desproporcionada que no cuenta con una justificación técnica sólida ni con un análisis económico previo que permita valorar su impacto real”, de acuerdo con la nota difundida por el partido.
La PNL plantea igualmente “continuar permitiendo el uso de los triángulos de emergencia para señalar incidencias o accidentes en carretera”, de modo que los conductores puedan seguir utilizando el sistema tradicional mientras no se aclare la eficacia real de la nueva señal luminosa.
En otro de sus puntos, la propuesta de Vox insta a que la Cámara autonómica “se muestre favorable a que se garantice que ninguna medida de seguridad vial obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo, práctica firmemente desaconsejada por los protocolos de prevención de riesgos y seguridad en carretera”. El grupo entiende que cualquier normativa debe priorizar la salida segura del vehículo en caso de avería o accidente.
Asimismo, la formación sostiene que pretende promover, a través de esta PNL, “ayudas para las familias y empresas españolas con el fin de mejorar la seguridad vial a través de la renovación del parque automovilístico de España desde una perspectiva que garantice la libre convivencia de todas las tecnologías de automoción sin imposiciones ideológicas”. Vox defiende que la mejora de la seguridad pase por la modernización de los vehículos y no por la imposición de nuevos dispositivos de coste obligatorio.
El texto registrado reclama además que el Parlamento de Andalucía “se muestre favorable a que se cese en su promoción de normativas y obligaciones que imponen costes innecesarios a las familias y muestran finalidad puramente extractiva y no repercuten positivamente sobre el bienestar de los españoles”, en alusión a disposiciones que, a juicio del partido, suponen más gasto que beneficio real.
La PNL recuerda que, a partir del 1 de enero de 2026, se ha fijado la obligación de que los vehículos “lleven consigo en la guantera, accesible y cargado, una luz de emergencia V-16 supuestamente visible a un kilómetro de distancia con conexión directa a la plataforma DGT 3.0”, lo que implica la sustitución progresiva de los actuales triángulos reflectantes por este nuevo dispositivo luminoso.
El documento incorpora también que “el 65% de los españoles desconoce la nueva norma y hasta el 30% no sabe que puede exponerse a ser sancionado con 80 euros de multa si incumple esta nueva norma”, poniendo el foco en la falta de información a los conductores sobre la futura obligatoriedad de la baliza.
En la misma línea, Vox sostiene que “muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V-16 más baratas, pero no homologadas por la DGT, exponiéndose también a ser multados como consecuencia de la ineficiente política comunicativa del Gobierno”. A su juicio, la confusión generada por la normativa y por la comunicación institucional estaría provocando compras erróneas y posibles sanciones.
Por último, la iniciativa de Vox precisa que la nueva exigencia “únicamente obligaría a los vehículos matriculados en España, con lo que los vehículos extranjeros que vienen a España temporalmente quedarían fuera del ámbito de aplicación de esta novedad normativa”, lo que, según el grupo, introduce un trato desigual entre conductores nacionales y extranjeros en las carreteras españolas.
