El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha registrado esta semana en la Cámara autonómica una proposición no de ley con la que busca que el Parlamento "rechace cualquier intento del Gobierno de España de imponer censura y límite a la libertad de expresión, ya sea en redes sociales, prensa o en el ámbito académico, así como que se respete la soberanía nacional mediante una comunicación pública libre".
Según ha explicado la formación en un comunicado difundido este viernes, con esta iniciativa se pretende "reforzar la defensa institucional de la libertad de expresión, reconocida como un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Española".
El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha subrayado que "cuando un gobierno quiere decidir lo que puedes decir, lo que puedes pensar y lo que puedes compartir, el problema no es tu opinión, el problema es ese gobierno".
Vox sostiene que en los últimos años se ha producido "un cambio de paradigma preocupante que amenaza la libertad de expresión", al considerar que "otorgar a la administración el poder de supervisar y sancionar medios y plataformas digitales equivale a instaurar censura incompatible con el Estado de Derecho".
Asimismo, el grupo parlamentario alerta de la "tendencia" del denominado "delito de odio" como "un instrumento para perseguir opiniones políticas, ideológicas o culturales legítimas".
En esta línea, la formación argumenta que la crítica se basa "en que todo lo que el Gobierno no considere, según su ideología, tolerable no será libertad, sino 'odio'". Añaden que "el concepto se ha extendido a universidades e instituciones públicas en las que ya se ha registrado algún caso de censura", y recuerdan que su iniciativa recoge que "el poder corrupto teme todo aquello que no puede controlar".
Vox afirma en el texto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "marcado por la corrupción y la mala gestión de servicios públicos, sabe que ya no basta con controlar a los medios de comunicación mediante subvenciones y ahora debe recurrir a la censura".
En palabras de Manuel Gavira, "cuando el poder empieza a hablar de 'regular opiniones', no está defendiendo la democracia. Está intentando defenderse de los ciudadanos".
Por último, desde Vox recalcan que la protección de los menores y la creciente inquietud social por el uso de pantallas o el aumento de los problemas de salud mental "no pueden convertirse en excusas para restringir derechos fundamentales".