Este jueves, el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía presentará en Pleno del Parlamento una Proposición no de Ley (PNL) solicitando al Gobierno central la eliminación del arraigo como mecanismo jurídico que permite la residencia legal a individuos que han ingresado ilegalmente al país.
Para la Junta de Andalucía, la propuesta incluye la interrupción de financiamiento a organizaciones que, según Vox, apoyan la inmigración ilegal y colaboran con redes de tráfico humano, enfatizando en aquellas que ayudan a regularizar la situación de personas que han entrado ilegalmente en España.
La iniciativa distribuye sus demandas entre el Estado y la Junta de Andalucía, instando al primero a expulsar inmediatamente a extranjeros que ingresen ilegalmente y extender la medida a aquellos que, siendo legales, cometan delitos graves o persistan en infracciones menores. El Gobierno andaluz, por su parte, debería efectuar cambios legales para negar cualquier asistencia pública a estas personas y priorizar a los nacionales en la distribución de ayudas sociales.
La exposición de motivos de Vox recalca que el arraigo, previsto en la Ley Orgánica 4/2000, ha visto un aumento significativo de residentes por esta vía, con un crecimiento de 7,5 veces desde marzo de 2020 hasta marzo de este año. Añade que, según el INE, en Andalucía, 23.157 personas obtuvieron la nacionalidad española en 2024.
Vox critica además una propuesta de reforma del Reglamento de Extranjería de 2024, que considera una ‘regularización masiva encubierta’ y se opone a las facilidades para reagrupaciones familiares en un contexto de desempleo y dificultades económicas para muchos españoles.