Vox solicita el respaldo del PP-A en el Parlamento para instaurar la prioridad nacional en beneficios estatales

El viceportavoz de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha instado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, «abandonar ese falso buenismo progre y su bochornoso seguidismo de las políticas migratorias kamikazes que practican (Pedro) Sánchez y el PSOE» y «elegir entre financiar la inmigración ilegal o ayudar a los andaluces».

En una conferencia de prensa, Alonso ha comentado sobre la proposición no de ley que Vox presentará en el Pleno del Parlamento, la cual incluye diversas acciones «para garantizar el estado de bienestar y asegurar el acceso de los españoles a unos servicios públicos de calidad».

Principio de Prioridad Nacional

Alonso ha subrayado que «Tenemos claro que en el acceso a las ayudas, al empleo y a las subvenciones debe regir el principio de prioridad nacional», destacando la necesidad de este enfoque.

Además, ha señalado que bajo la actual Ley de Infancia y la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (Rmisa), «una persona que entra de forma ilegal en España con 17 años es considerado un menor extranjero no acompañado» y «tiene prioridad en el acceso al alquiler, a las ayudas, al mercado de trabajo y la inserción sociolaboral por delante de un joven nacido en Andalucía, una prioridad que mantiene hasta los 25 años».

Como ha exigido Alonso, «esto debe terminarse», por lo tanto, Vox ha lanzado esta propuesta que se discutirá en el Pleno. Además, ha mencionado que «el que entra ilegalmente en España tiene que ser expulsado de forma inmediata, se le deben negar cualquier tipo de ayuda y en el reparto de estas ayudas se debe priorizar a los españoles».

Entre las propuestas de Vox para asentar la «prioridad nacional», se solicita al gobierno del PP-A en Andalucía que rechace la «reubicación y acogida en Andalucía de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España»; que se proceda al «cierre» de los centros de menores extranjeros «que crean inseguridad en nuestras calles»; asegurar «la transparencia en cuanto a la inmigración ilegal en Andalucía, informando detalladamente y desde el ejercicio 2019 del número de menas tutelados por la Junta, en qué centros están acogidos y qué coste suponen para la administración, especificando la edad, el sexo y la nacionalidad, y publicar la cuantía de todas las ayudas «percibidas por inmigrantes ilegales por parte de la administración andaluza».