En una reciente sesión en las Cortes de Aragón, María Teresa Polo, representante de Abolicionistas Zaragoza, ha expresado que “la prostitución es una institución patriarcal que se fundamenta en la desigualdad entre hombres y mujeres y en la mercantilización del cuerpo de mujeres y niñas”. Polo ha destacado la urgencia de erradicar esta práctica, describiéndola como un comercio que perjudica a “cientos de miles de mujeres sometidas al cada vez más violento deseo de un número de hombres que no para de aumentar”.
Polo ha solicitado al Parlamento aragonés que respalde una proposición no de ley para que el Gobierno de España proceda con “la tramitación y aprobación de una ley abolicionista dotándola de medios suficientes”. Además, ha pedido una reforma de la ley 4/2007, de 22 de marzo, para que se reconozca la prostitución como “una forma de violencia contra las mujeres”.
“La explotación sexual en España se produce impunemente y existe además una legitimación social”, ha denunciado Polo, añadiendo que a nivel internacional, la prostitución “se ha convertido en la tercera industria más consumida”. En España, se estima que hay “ciento catorce mil mujeres explotadas sexualmente” y en Zaragoza, unas “tres mil”, con al menos el “80% de estas mujeres sufren trata”, conforme a los datos proporcionados por Polo.
Gema Ribes de la Fundación Cruz Blanca Fraga, ha reiterado que se trata de “una cuestión de derechos humanos” y ha subrayado que “más del 95% de las personas que atendemos son mujeres”. Rosario Carracedo de la Plataforma Estatal Abolicionista de la Prostitución (PAP), ha destacado que han presentado repetidamente una Ley Orgánica Abolicionista que busca “la reparación integral de las mujeres prostituidas”, la “desarticulación del proxenetismo” y la “desactivación de la demanda”.
Representantes de distintos partidos políticos han expresado su postura sobre esta cuestión, apuntando a la necesidad de un diálogo abierto y de consideraciones éticas y culturales en el debate sobre la prostitución.