El representante del PAR en la asamblea regional, Alberto Izquierdo, ha solicitado al Gobierno de España la creación de «un marco normativo y financiero» que favorezca a los ayuntamientos de Zuera y Daroca en Zaragoza, localidades que albergan importantes centros penitenciarios.
En una conferencia de prensa, Izquierdo ha argumentado que estas prisiones «podrían servir como revulsivo a estos municipios, como la llegada de una industria».
«Vemos cómo, cuando llega una industria a un municipio, el Gobierno de Aragón y el propio Ayuntamiento tratan de impulsar que los trabajadores se queden allí, que las empresas auxiliares formen parte también de la implantación», destacando que la prisión de Zuera cuenta con 445 empleados y debería tener 500.
«Una industria con 445 trabajadores que en nuestra opinión deja en el municipio mucho menos de lo que podría dejar», señaló Izquierdo, mencionando que «un porcentaje ínfimo de los trabajadores de estos centros penitenciarios viven en los municipios de Daroca y de Zuera sobre todo en el caso de Daroca, un municipio muy afectado por la despoblación con muchas dificultades para crecer y para mantener su población».
«Incluso hay viviendas vacías de las que podrían ocupar esos trabajadores», observó el diputado del PAR, añadiendo que «un lugar que podría generar riqueza no la genera».
También explicó que la construcción de un centro penitenciario está exenta de impuestos, «no paga licencia de obras y tampoco paga por una reforma, mientras que cualquier otra industria que llega al territorio sí las paga».
DIÁLOGO
Izquierdo ha propuesto «abrir una vía de diálogo y el Gobierno de Aragón tiene que colaborar con los ayuntamientos, hacer un informe técnico que analice los efectos socioeconómicos urbanísticos y presupuestarios que conlleva albergar un centro penitenciario de esta titularidad», así como «abrir una vía de diálogo con el Gobierno de España para impulsar fórmulas para mejorar al final los recursos que genera en el territorio».
Alberto Izquierdo ha instado a «solicitar al Gobierno de España que impulse un marco normativo y financiero que permita establecer mecanismos de compensación a los municipios».










