El representante de Izquierda Unida en el parlamento aragonés, Álvaro Sanz, ha formulado una serie de interrogantes al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, para que detalle la situación actual de la capacidad diagnóstica en el ámbito sanitario regional. Desde IU se señala que el retraso en la realización de pruebas diagnósticas alcanza niveles “insostenibles”.
Procedimientos como resonancias, PET TAC, radiografías y ecografías generan largas listas de espera que, según el diputado, comprometen la calidad de la atención médica y la salud de los ciudadanos. El Departamento de Sanidad ha implementado medidas temporales como la programación de resonancias hasta las 2.00 de la mañana, la realización de pruebas radiodiagnósticas durante los fines de semana y un servicio continuo de 24 horas en Urgencias con técnicos especializados, aunque “al parecer, no con suficientes facultativos radiólogos, imprescindibles para analizar resultados y emitir informes, lo que ralentiza el proceso”, expuso Sanz.
Además, Sanz ha criticado la posible adopción de un sistema de inteligencia artificial para la revisión de pruebas radiológicas, argumentando que estos “herramientas tecnológicas que se van a alimentar de datos públicos y sobre los que no hay garantía de diagnóstico adecuado, por lo que solo resulta útil a los intereses de la industria farmacológica”.
El diputado ha subrayado que estas medidas son soluciones temporales que no abordan los problemas fundamentales del sistema, ya que se organiza “en función de los medios disponibles”, pero aún se desconoce la capacidad real del sistema y si se están aprovechando eficientemente los recursos públicos.
En el hospital Miguel Servet, los técnicos sanitarios amplían sus horarios mediante “peonadas”, mientras en otros centros se ha establecido un turno de tarde para pruebas diagnósticas sin garantizar la presencia de radiólogos que elaboren los informes. También se ha mencionado la falta de información sobre la asignación de las 14 plazas vacantes anunciadas para el 2023 y su distribución en los distintos centros.
Finalmente, IU ha denunciado la creciente externalización en el sector: a un Acuerdo Marco de 2020 por 7,5 millones anuales se suman dos contratos recientes por un millón de euros en el Sector Sanitario II. “Es inaceptable que la respuesta a la falta de planificación sea la privatización y la adopción de soluciones tecnológicas sin garantías”, concluyó Sanz.