Álvaro Sanz, diputado de IU en Aragón, ha exigido a José Luis Bancalero, consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, que tome medidas frente a la situación laboral ‘insostenible’ en la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (FISSA), encargada de administrar el IISA y ha mencionado las relaciones laborales ‘feudales’ que prevalecen allí.
En una conferencia de prensa, Sanz ha criticado un modelo de relaciones laborales ‘impropio de una entidad pública’, marcado por la inestabilidad y la falta de garantías. Ha recordado que la fundación IISA, establecida en 2014 y que cuenta con más de 220 empleados, aunque opera bajo derecho privado, forma parte del sector público autonómico. ‘En 11 años no ha existido convenio colectivo y la negociación iniciada en 2024 sigue estancada. Esta carencia de regulación ha consolidado prácticas que infringen derechos básicos’, apuntó.
El portavoz de IU ha destacado también ‘el encadenamiento de contratos temporales, el uso de falsos autónomos para labores estructurales, la falta de una relación de puestos de trabajo que asegure transparencia y la no aplicación de los mecanismos de estabilización’. Además, señaló las asignaciones discrecionales y los complementos salariales, que causan diferencias en las remuneraciones entre profesionales con funciones similares.
Las resoluciones de la Inspección de Trabajo, que han emitido actas de infracción y liquidación obligando a la fundación a igualar salarios, reconocer los trienios acumulados desde la contratación y corregir errores en las cotizaciones desde 2020, fueron resaltadas por Sanz. ‘A pesar de la claridad de estas actas, la Fundación no ha informado a su personal, no ha implementado las medidas y ha comunicado a los grupos de investigación que deberán asumir el coste. Es una falta de responsabilidad institucional gravísima’, enfatizó.
María Pilar García, delegada de CCOO y trabajadora del IISA, ha descrito las consecuencias de este modelo laboral. Lleva más de 14 años en el mismo grupo y con el mismo responsable, pero siempre enlazando contratos temporales y cambios ficticios de empleador entre el IACS y la Fundación, e incluso períodos en los que se le obligó a registrarse como autónoma. ‘Todo ello con un único objetivo: evitar que adquiera la estabilidad y los derechos que me corresponden, infringiendo el Estatuto de los Trabajadores’, puntualizó Sanz.
García ha vivido ‘presión y hostilidad’ desde que asumió la representación sindical, una situación que ha deteriorado su salud, obligándola a medicarse y a tomar bajas laborales. ‘Mi caso no es anómalo; es parte de un sistema que precariza y castiga a quienes demandan transparencia y legalidad’, destacó. El comité de empresa, creado en marzo de 2024, enfrenta un ‘bloqueo continuado’ en la negociación del convenio, incluyendo prácticas como el veto a la presencia de asesores sindicales y la celebración de reuniones sin criterios de urgencia.
Izquierda Unida Aragón exigirá este miércoles en la Comisión de Sanidad que Bancalero explique por qué la Fundación sigue sin convenio colectivo tras más de una década, qué medidas se tomarán para garantizar la legalidad y estabilidad en la plantilla, cómo se justifican las diferencias retributivas detectadas, qué se ha hecho tras las actas de Inspección de Trabajo y por qué no se ha transmitido la información a los afectados. Según Sanz, ‘no estamos ante un problema aislado, sino ante un modelo laboral que debe corregirse de inmediato’.