El diputado de CHA y portavoz adjunto de Transportes y Movilidad Sostenible del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha manifestado su complacencia tras la aprobación en el Pleno de la Ley de Movilidad Sostenible. Esta normativa incorpora dos enmiendas clave que aseguran la conservación de 151 paradas de autobús en diversas localidades aragonesas.
Las enmiendas, ratificadas inicialmente en junio y posteriormente en septiembre, establecen que cualquier reorganización de las rutas de autobuses estatales debe contar con el consenso de las comunidades autónomas y que cualquier coste adicional derivado de la incorporación de nuevas paradas en las rutas autonómicas será sufragado por el Gobierno central.
“Llevamos muchos meses dialogando y negociando con el Grupo Socialista para acercar posturas y por fin hemos logrado que el Ministerio entienda que, si hay paradas de autobús que dejan de prestarse por las rutas estatales y deben ser asumidas por las rutas autonómicas, debe hacerse contando con las Comunidades Autónomas y el coste debe asumirlo el Estado”, ha declarado Jorge Pueyo.
“Imponer unilateralmente –ha dicho– la eliminación de paradas en las rutas estatales de autobús era un error, una injusticia, y una grave contradicción con la política de acercar los servicios básicos a menos de treinta minutos que promueve este Gobierno de coalición. Si no se corregía, ese recorte de paradas iba a perjudicar precisamente a las zonas con mayores problemas de despoblación. Desplazarse a lugares que se encuentran a veinte o treinta minutos costaría varias horas, por la necesidad de realizar trasbordos, y sin ninguna duda eso iba a perjudicar la vida de la gente”.
El legislador ha subrayado la importancia de estas modificaciones, que permiten la reordenación consensuada de las paradas y aseguran una compensación financiera adecuada a las comunidades. Al entrar en vigor la ley, las comunidades autónomas dispondrán de herramientas legales para “exigir al Ministerio y poder evitar la eliminación de paradas”, según Pueyo.
Finalmente, el diputado ha enfatizado que las transacciones logradas obligan al Gobierno a considerar la “función de conexión territorial” de los servicios y a compensar económicamente a las autonomías (art. 49.3), asegurando así la continuidad del servicio en áreas sin alternativas de transporte.