Aragón-Teruel Existe ha presentado una Proposición de Ley (PNL) con estrategias destinadas a rectificar «un problema preocupante como es el sistema de oposiciones de los profesores de Secundaria y maestros de Primaria en Aragón», según ha informado la diputada Pilar Buj durante una conferencia de prensa este martes en las Cortes, acompañada de Jorge Santafé, responsable de Educación de Aragón-Teruel Existe.
Buj ha señalado que «el reciente proceso de oposiciones de Secundaria ha revelado una preocupante realidad: de las 1.018 plazas ofertadas, 299, es decir, casi un 30%, han quedado desiertas». Ha argumentado que «está claro que estos malos resultados no se pueden atribuir simplemente a la dificultad de las pruebas o al nivel de los aspirantes. Son, más bien, el reflejo de un modelo de acceso mal gestionado y obsoleto».
La solución propuesta por la PNL de Aragón-Teruel Existe incluye cinco medidas clave, expuestas por Jorge Santafé, comenzando con la publicación de los criterios de evaluación, «para que los opositores que se presentan a los exámenes tengan un temario, tanto en Secundaria como en Primaria, y sepan cómo van a ser evaluados». «Esto ayudaría también a los tribunales que deben generar esas rúbricas en 24 horas, después de los exámenes», ha indicado. Se ha establecido un plazo «antes de finalizar 2025 para las de Primaria y antes de junio de 2026 para las de Secundaria», ha añadido Santafé.
En segundo lugar, se sugiere posponer las fechas de las convocatorias, que generalmente se llevan a cabo en julio o agosto, en condiciones que han producido «golpes de calor o lipotimias como se vivió este año», ha lamentado Santafé. Propone iniciar el proceso en «mediados de octubre, y que se extienda durante los meses de octubre y noviembre, y si es necesario en diciembre».
Además, la PNL aboga por la descentralización de las sedes de los exámenes «para que los aspirantes puedan presentarse a cualquier especialidad cerca de sus lugares de residencia, como se hace en la PAU y en otras muchas comunidades autónomas», ha comunicado Santafé. Este cambio reduciría el estrés y los costos asociados a los desplazamientos, y abordaría también los problemas de alojamiento de los miembros de los tribunales.
Como cuarta medida, se recomienda implementar políticas de inclusión para diversos colectivos, incluyendo personas con dislexia, y políticas de conciliación para madres lactantes, ya que «Aragón es de las pocas comunidades, por no decir la única, que no tiene legislación al respecto», ha expresado Santafé.
Finalmente, se solicita que los candidatos tengan acceso a las correcciones de sus exámenes, facilitando así el proceso de reclamación en caso de desacuerdo con las calificaciones obtenidas, ha explicado Santafé.
Jorge Santafé ha subrayado que estas reformas son factibles y responden a las necesidades expresadas por «sindicatos y organizaciones de profesores». Ha mencionado también que el Gobierno de Aragón mostró apertura hacia estas reformas, al haber realizado una encuesta para recoger opiniones sobre el proceso de selección.