El diputado de CHA en el Congreso y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha avanzado el registro de una iniciativa en la Cámara Baja para reforzar la protección de los derechos de las personas migradas frente al negocio ilegal generado en torno a las citas de extranjería. En su comparecencia ha estado acompañado por las militantes de la formación Hazel Callejas y Ruth Orduz, quienes han aportado sus propias experiencias.
Pueyo ha querido destacar de forma especial la implicación de Darwin Enríquez y de Ruth Orduz dentro de la candidatura de CHA, subrayando que gracias a su “compromiso” y a su trabajo el partido mantiene un vínculo directo con la realidad cotidiana de las personas migradas que residen y desarrollan su vida laboral en Aragón.
“En los últimos años, el Estado español ha visto el surgimiento de un mercado ilegal para conseguir turnos y citas relacionadas con trámites de extranjería”, ha señalado Pueyo, remarcando que este “fenómeno” se sustenta en redes que emplean bots para bloquear las agendas oficiales, intermediarios que revenden esos huecos en plataformas como Wallapop, Telegram y WhatsApp, y oficinas de gestión que se sitúan entre las víctimas y las estafas.
Según ha indicado, “las cifras de detenciones y operaciones policiales indican que no se trata de un problema aislado: se han desarticulado redes entre 2023 y 2025 y se han llevado a cabo detenciones masivas por el bloqueo del sistema y la reventa”.
El dirigente aragonesista ha insistido en que “las personas migradas son víctimas de esas mafias”, ya que las enormes dificultades para acceder a una cita dentro de plazo para renovar permisos pueden desembocar en la pérdida del empleo, en la imposibilidad de solicitar prestaciones y en una exposición mayor a sanciones o expulsiones.
Ha explicado que numerosas personas afectadas han confesado haber tenido que pagar para no quedarse sin trabajo. Ha recordado que muchas personas migradas no dominan las herramientas digitales, carecen de tiempo para la “caza de turnos” o no pueden acudir a oficinas físicas que les quedan lejos o resultan inaccesibles, lo que incrementa su dependencia de estos intermediarios.
Una responsabilidad ineludible de la Administración
En este escenario, ha recalcado que la Administración pública “no puede mirar a otra parte”, porque cuando el diseño y el funcionamiento de un servicio público crean “una barrera tan evidente que se convierte en materia prima para mafias, hablamos de un fallo institucional”.
Ha recordado que existe la obligación de asegurar la igualdad en el acceso a los servicios y la tutela efectiva de los derechos, “incluido el derecho a la documentación y al trabajo”. “No es solo eficiencia administrativa, es justicia social”, ha apuntado, defendiendo que las respuestas “deben ser públicas, no mercadearse en el mercado negro”.
Una proposición no de ley en el Congreso
Por este motivo, CHA registrará una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se demanda “ampliar recursos humanos y horarios para ampliar la oferta de citas; simplificación administrativa y ampliación de plazos para evitar situaciones de saturación del sistema; atención telefónica en varios idiomas, ventanillas prioritarias para casos urgentes y asistencia jurídica gratuita en denuncias por estafa; protección tecnológica contra bots y fraude; más transparencia y más información para acabar con la opacidad de la que viven las mafias, entre otras medidas”.
Jorge Pueyo ha cerrado su intervención advirtiendo: “No es aceptable que la necesidad de una persona migrada por regularizar su situación se convierta en negocio para mafias. Lo que estamos viendo es la consecuencia lógica de austeridad administrativa, sistemas informáticos insuficientes y una gestión que prioriza trámites por volumen sin garantizar equidad”.
Ha reclamado asimismo: “Exigimos un Estado que recupere la soberanía del servicio público: más recursos, mejores sistemas, controles reales y sanciones contundentes. No queremos que la desesperación se convierta en una tarifa más en el mercado negro: queremos justicia, derechos y oficinas que funcionen para todas las personas, sin intermediarios explotadores”.