Fermín Civiac, representante de Vox en las Cortes de Aragón, ha expresado críticas hacia ‘la falta de rigor en el proceso de elaboración del Presupuesto por parte del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, que se observa en la infradotación en el Salud y Educación’ para el año 2024, lo que ‘obligó a realizar modificaciones de crédito por valor de 68 millones euro para Educación y de 99 millones euro para el Salud’.
Contrariamente, ha indicado que existió ‘un gasto inferior al presupuestado’ en varios departamentos incluyendo Agricultura, Presidencia, Hacienda, Bienestar Social, y Medio Ambiente y Turismo, con cifras que varían entre dos y siete millones de euros en cada área.
Civiac también ha señalado que ‘se han dejado sin cubrir plazas, que quedaron vacantes mediante el despido de interinos, y que posiblemente las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) están sobredimensionadas’, enfatizando que ‘en personal sigue habiendo la misma falta de rigor que durante la época del cuatripartito’.
El diputado también ha mencionado un informe del Instituto Aragonés de Estadística, indicando que ‘a 31 de diciembre de 2024 había 562 empleados menos que a 30 de junio de 2024’, y atribuyó esta reducción a ‘cese de funcionarios y empleados interinos sin que se cubrieran las plazas’, con una disminución de la temporalidad de solo ‘1,8%’.
Además, acusó a Bermúdez de Castro de ‘mentir en sede parlamentaria’, al afirmar previamente que la temporalidad estaba controlada, mientras que ‘el porcentaje de interinos se sitúa en el 44,9%’. Civiac ha criticado duramente al consejero, sugiriendo que ‘Bermúdez de Castro tiene cierta animadversión a la verdad y miente a todos los aragoneses’.
Finalmente, criticó al Gobierno de Aragón por su lento avance en la reducción de la temporalidad, y mencionó la Ley de Presupuestos de 2024 y la Ley 20/2021, que exigen transparencia en la gestión de las plazas temporales, una exigencia que según Civiac, Bermúdez de Castro no cumple.
Civiac comparó las acciones del Gobierno, argumentando que ‘se escuda en la ley para gastar 52.000 euro anuales en mantener a cada uno de los ‘menas’ que Aragón acoge o para no limpiar las riberas de los ríos; pero no cumple la ley en materia laboral cuando no le interesa’.