QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha reclamado que el Parlamento autonómico se sume a la solicitud de destitución tanto de la directora provincial de Educación en Huesca, Mónica Martínez, como del responsable de la Inspección Educativa en esta provincia, Iñaki Polo.
Ha remarcado que esta exigencia llega “avalada unánimemente por la Junta de Personal Docente, que es el órgano que aglutina a los maestros y profesores”.
Vox llevará esta posición al pleno de este jueves mediante una moción. Civiac ha dado a conocer la iniciativa ante la sede de la Dirección Provincial de Educación de Huesca, acompañado por los concejales de VOX en el Ayuntamiento oscense, José Luis Rubió y Susana Magán.
El diputado ha incidido en que “la Junta de Personal Docente ha denunciado que el inspector jefe ejerce un control burocrático excesivo, priorizando trámites sobre la labor pedagógica”. Asimismo, ha añadido que “señalan que el inspector hace interpretaciones personales de la normativa, interviene arbitrariamente en criterios de evaluación y genera un clima de inseguridad y presión que afecta al desempeño de los docentes”.
Según ha recordado Civiac, “CSIF ha hecho público que en el IES Ramón y Cajal se han exigido cambios en programaciones ya aprobadas, modificaciones de criterios en plena evaluación y requerimientos burocráticos innecesarios”. A su juicio, todo ello “ha provocado estrés y desgaste en los profesores” y “esto evidencia que la inspección no acompaña ni asesora, sino que impone y coarta la autonomía de los centros educativos”.
Para el representante de Vox resulta “incomprensible” el “ensañamiento de la inspección educativa con el IES Ramón y Cajal”, que, en su opinión, “más bien parece responder a una ‘vendetta’ personal que a criterios personales”. También ha reiterado que “se han denunciado posibles conflictos de interés, con actuaciones del inspector que habrían beneficiado a personas allegadas, poniendo en duda su imparcialidad y la integridad de su gestión”.
En este contexto, Civiac ha enfatizado que “Vox traslada a las Cortes la voz de los docentes” y ha reclamado “acabar con la arbitrariedad, la presión y burocracia que daña la educación pública”.
Ha concluido subrayando que “la Inspección debe ser un servicio de apoyo, no un instrumento de imposición. Los docentes han hablado, y las Cortes de Aragón tienen la obligación de escucharlos y respaldar estas demandas de responsabilidad y profesionalidad”.
