La Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón ha abordado este martes una propuesta de Chunta Aragonesista destinada a poner en marcha un conjunto de medidas para apuntalar el sistema de protección de la infancia y la adolescencia. La iniciativa, defendida por la diputada de CHA Isabel Lasobras y centrada en mejorar las condiciones laborales del personal, así como en reforzar la coordinación y la transparencia del sistema, no ha salido adelante al contar con el rechazo de PP y Vox.
Durante su intervención, Isabel Lasobras ha subrayado que se trata de “una responsabilidad pública esencial” y ha recordado que el sistema de protección, gestionado por el IASS, es “uno de los pilares del sistema social en Aragón, pero está sometido a una tensión insostenible” debido a vacantes sin cubrir durante largos periodos, precariedad en las condiciones de trabajo y carencia de infraestructuras adecuadas, entre otros factores. “Proponemos rigor, planificación y compromiso público y hoy ponemos voz a esos trabajadores y trabajadoras” para “mejorar este sistema como obligación moral, legal y social”, ha afirmado.
En nombre del Partido Popular, Silvia Casas ha defendido la actuación del Ejecutivo autonómico y ha asegurado que el Gobierno de Aragón “está intentando revertir la situación de precariedad absoluta en la que se encontraban los servicios sociales” y que, “en ningún caso, se han realizado recortes que pusieran en riesgo la calidad de la atención de la protección a la infancia”.
La diputada del PSOE Pilimar Zamora ha incidido en que la realidad del personal dedicado a la protección de la infancia y la adolescencia es “insostenible” y ha apuntado que su mejora pasa por impulsar el convenio colectivo y por fijar “ratios de atención adecuadas para atender a todos los menores, sin distinción”, entre otros aspectos. “Invertir en recursos humanos es invertir en la calidad de la atención”, ha remarcado.
Por parte de Vox, David Arranz ha reclamado que “se garantice un servicio público y de calidad que vele por el bien de los menores, acabando con las subvenciones a ongs y otras entidades privadas”. A su juicio, “no nos sirve ese sistema infradotado o con personal poco cualificado y esta iniciativa no aborda la seguridad ante el aumento de agresiones”.
La representante de Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj, ha señalado “la necesidad de establecer un convenio laboral para unas condiciones dignas, que solucionaría muchos de los problemas”, y ha mencionado igualmente algunas de las “grietas del modelo” que, en su opinión, podrían corregirse mediante una mejor coordinación con la Administración.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto, Álvaro Sanz (IU) ha planteado una enmienda in voce, finalmente incorporada al texto, con el fin de “reconocer el sistema de atención como un servicio de atención esencial para la cobertura de vacantes”, al tiempo que ha advertido de que “sin estabilidad laboral es complicadísimo establecer vínculos entre educadores y familias”.