El cambio del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) al Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha generado un ahorro significativo para el Gobierno de Aragón, ascendiendo a ‘prácticamente 47 millones de euros’, según declaraciones de Ángel Val, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), durante su intervención en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes.
Durante la transición de las ayudas, con respecto a los beneficiarios del IAI hasta la fecha de aplicación del decreto ley 5/2020, de 29 de junio, Val explicó que ‘tanto en denegación del Ingreso Mínimo Vital como cuando la cuantía que venían percibiendo sea superior a la reconocida’ se mantendrá lo previamente otorgado por el IAI mientras persistan las circunstancias que justificaron su otorgamiento y durante el tiempo que tuvieran reconocido.
Val también mencionó que con la implementación del IMV, las condiciones para los beneficiarios han disminuido, un ‘aspecto relevante’ que favorece la ‘inserción social y laboral de los titulares y componentes familiares’.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
La diputada socialista Pilimar Zamora criticó que ‘Aragón se sitúa en la cola de las autonomías en el gasto por habitante en servicios sociales’ debido a ‘un gobierno sin impulso’ y lleno de ‘recortes y privatizaciones que van debilitando lo público’. ‘En el Aragón de los anuncios mil millonarios de Jorge Azcón también se incrementa la pobreza’.
Álvaro Sanz, de IU, destacó que ‘quien está garantizando la cobertura es el Gobierno central a través de un Ingreso Mínimo Vital’ y sugirió ‘modificar la ley y poner en marcha herramientas que hemos venido proponiendo para corregir este problema, como una comisión de seguimiento de la prestación complementaria del IMV’.
Por su parte, Silvia Casas del PP señaló que ‘la ausencia de los presupuestos del Estado en 2024 y 2025 lastran las políticas sociales en las Comunidades Autónomas’ y reiteró que fue el gobierno socialista quien ‘recortó las rentas mínimas de inserción en un 96,2%’. Además, Casas describió como ‘absoluta precariedad’ la situación de los servicios sociales al asumir el gobierno.
David Arranz de Vox expresó su rechazo a que ‘los gobiernos pongan en valor el hecho de dedicar cada vez más recursos económicos y dinero público a subsidios y servicios sociales’, argumentando que ‘contar con más personas necesitadas no es motivo de orgullo’. ‘Nos preocupa que se cronifique la España de la paguita y el subsidio’, afirmó.
Isabel Lasobras de CHA indicó que el Informe de los servicios sociales de gerentes a nivel estatal muestra que ‘se destinan por cada habitante en Aragón trescientos ochenta y seis euros’. ‘Es una cifra insignificante’, dijo, enfocándose en ‘personas, familias y unidades de convivencia que viven en situación de vulnerabilidad económica’.
Pilar Buj de Aragón-Teruel Existe lamentó que ‘los presupuestos en Aragón son cada vez menos sociales’. ‘Entre 2019 y 2024, Aragón es la Comunidad Autónoma que menos ha aumentado su inversión en servicios sociales con un 14,1% mientras que la media de España está en 51%’, señaló, concluyendo que ‘esta no es la senda que seguir’.