En una reciente sesión en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón, representantes de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) han expresado su preocupación porque el Gobierno de Aragón “sigue sin remitir a las Cortes el plan de cooperación al desarrollo que fue informado favorablemente por el Consejo aragonés de cooperación y, desde entonces, duerme en un cajón”. “Esta situación afecta directamente a las administraciones locales”, han explicado los voceros.
María Jesús Sanz, vocal de incidencia de la Asociación, ha destacado un “brutal recorte de fondos de la ayuda a nivel global”. “Finalizamos 2023 con un gravísimo descenso de fondos dedicados a la solidaridad internacional, y este retroceso está condicionado por los recortes de dos grandes administraciones, el Gobierno de Aragón, con la reducción en un setenta y dos por ciento de los fondos, y el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha ido reduciendo sus fondos desde 2020”, ha declarado.
Además, Sanz ha señalado que “los fondos totales que el conjunto de las administraciones ha dedicado a esta materia son inferiores a los asignados en el 2000”, aunque ha resaltado que “la Diputación Provincial de Zaragoza es uno de los mayores donantes a nivel nacional, el Ayuntamiento de Teruel está siguiendo el pacto a la cooperación, así como otras administraciones más pequeñas, como el Ayuntamiento de Sallent de Gállego”.
Por otra parte, la representante explicó que las ayudas tienen como objetivo “mejorar las infraestructuras, el agua, el saneamiento y la seguridad alimentaria en países como Bolivia, Haití o Nicaragua”, y ha solicitado que “se permita la ayuda humanitaria a Gaza para favorecer el derecho de la población palestina a construir su propio futuro”.
Finalmente, el presidente de la entidad, José Ricardo Álvarez, ha pedido “fondos extraordinarios y una simplificación de los procedimientos buscando equilibrio entre la necesaria rendición de cuentas y el exceso de burocracia”. Desde el PP, Juan Pablo Artero reconoció que “se han reducido de manera global las partidas destinadas a ayuda humanitaria, pero tiene que ver con el contexto internacional”. “Solo veintiuna administraciones aragonesas destinan algún fondo a cooperación internacional y no parece ser una cuestión de partidos”, ha agregado.
El parlamentario socialista Sergio Ortiz ha destacado que “queda mucho por hacer en este ámbito y habría que animar a las entidades locales a dotar en los presupuestos partidas destinadas a cooperación internacional y ayuda humanitaria”. “Pedimos al Gobierno de Aragón que recapacite y que deje de incumplir la ley”, ha concluido. Mientras, Juan Vidal de Vox, ha advertido sobre la cautela necesaria en el envío de ayudas a países como Gaza debido a la presencia de grupos terroristas que podrían interferir en la distribución de la ayuda.
