Izquierda Unida en Aragón ha lanzado una acusación contra Tomasa Hernández, consejera de Educación, Cultura y Deporte, por «mentir» acerca de los tiempos necesarios para ocupar los puestos vacantes de personal no docente en instituciones educativas, señalando una «absoluta falta de voluntad política» para resolver los problemas persistentes en el sistema educativo de la región.
El grupo político ha rememorado que en marzo, las Cortes de Aragón aprobaron una proposición no de ley, promovida por su portavoz, Álvaro Sanz, que exigía que las vacantes de personal no docente se cubrieran en un plazo máximo de diez días, compromiso que el Gobierno no ha cumplido hasta la fecha. «La consejera incumple sistemáticamente los compromisos adquiridos, su obligación de cumplir con las leyes y, además, engaña a la comunidad educativa», criticó el diputado.
Además, la directora provincial de Educación de Zaragoza, María Jesús Cruz Gimeno, anunció su dimisión, efectiva a partir del 30 de noviembre de 2025, en una carta donde menciona la «falta de respaldo» de Hernández y del secretario general técnico. Esta situación se agravó con la renuncia colectiva del equipo directivo del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, respaldada por el Consejo Escolar del centro debido a los problemas estructurales no resueltos por la Administración, «pese a ser conocedora de ellos desde hace años».
«Estamos ante una crisis de gestión con dimisiones, equipos directivos que abandonan por falta de apoyo y un Departamento que ni siquiera ha puesto en marcha el procedimiento especial para cubrir puestos de trabajo de carácter perentorio, aprobado hace más de dos años», enfatizó Sanz. Recordó además que la Orden HAP/280/2023 obliga a crear listas permanentes para la cobertura de plazas mediante comisión de servicios y promoción interna temporal, lo que «no se ha hecho, dificultando el funcionamiento de los centros educativos», lamentó.
Por todas estas razones, IU ha presentado una pregunta parlamentaria solicitando explicaciones sobre el retraso en la implementación de la Orden, la responsabilidad del servicio correspondiente y las acciones tomadas para acelerar la contratación del personal no docente. «Exigimos a la consejera que deje de mentir, cumpla los acuerdos y actúe con responsabilidad para garantizar el derecho a una educación pública de calidad», reivindicó Sanz, quien también pedirá a Hernández que explique en el Pleno de las Cortes de Aragón cómo resolverá estas deficiencias que comprometen la eficiencia y calidad del servicio público educativo.